La nueva plusvalía costará 750.000 euros al año a Pontevedra

El consistorio está tramitando la modificación de la ordenanza y prevé ingresar un 35% menos
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photo_camera Las gestorías, con más encargos desde que se tumbó la vieja plusvalía. EP

Los ayuntamientos gallegos calculan una merma en la recaudación de 45 millones con el nuevo Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), más conocido como plusvalía, al adaptarlo a la ley estatal que modifica la base de cálculo cuando se realiza una venta, herencia o donación de inmuebles. 

En el caso de Pontevedra, el Ayuntamiento está tramitando la modificación de la ordenanza "después de haber hecho una consulta la Dirección Xeral de Tributos que permite la aplicación de la ley mientras no se tramita la modificación de la ordenanza". La repercusión en la recaudación puede ser de un 35%, alrededor de los 750.000 euros anuales

FEGAMP. Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) indican que "hay una sentencia y como no puede ser de otro modo los ayuntamientos estamos cumpliéndola". Así, desde el ente que dirige Alberto Varela reclaman que "se articule un mecanismo de compensación" por esa caída recaudatoria que se prevé de 45 millones. Supone cerca del 2% de la recaudación local. 

Cabe recordar que, en octubre de 2021, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales, que establecen un método para calcular el denominado impuesto de plusvalía, por asumir que el suelo urbano siempre se revaloriza. Tras la aprobación del nuevo decreto que modifica este impuesto, en noviembre de 2021, se daba seis meses a los municipios gallegos para adaptar las ordenanzas fiscales a esta cuestión, algo que ya ha sucedido algunos ayuntamientos. 

INSPECTORES. Con todo, aunque los ayuntamientos debían adaptar sus ordenanza fiscales antes del 9 de mayo a la reforma el impuesto municipal de plusvalía, los inspectores de Hacienda local avisaron recientemente de que la inmensa mayoría de municipios españoles no han elaborado la ordenanza fiscal que recoja la modificación, por lo que aplican la norma estatal. 

"Es verdad que el plazo era seis meses pero no era obligatorio", explicó el presidente de la asociación. Sobre este cambio, los inspectores aseguran que el funcionamiento está siendo normal en cuanto a la gestión y se están realizando "devoluciones masivas".

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