LOS POLICÍAS que siguieron los pasos de Sito Miñanco en los años 80 y 90 no se creen los papeles presentados el jueves por Gonzalo Boye en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Sospechan de sus buenas relaciones con determinadas autoridades belgas (el letrado pasa largas temporadas en ese país, pues también defiende los intereses de Carles Puigdemont y de varios exconsellers prófugos) como una vía para conseguir documentos a la carta. Sí es una realidad que José Ramón Prado Bugallo efectuaba viajes a Bélgica de forma habitual en aquellos tiempos, "lo mismo que otros grandes contrabandistas", señala un veterano agente. Muy distinto es que, como asegura su letrado, haya podido declarar ingresos al fisco flamenco durante aquel tiempo, dado que "no tenía allí su domicilio". Sea como fuere, esa es su estrategia: intentar acreditar documentalmente que los ingresos del capo cambadés en el período en el que se le investiga por blanqueo procedían del tabaco, ni siquiera de contrabando, sino del tabaco legal. Las presuntas pruebas están ahora en manos de José Juan Barreiro, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Pontevedresa.
Esta forma de actuar que recuerda, al menos en parte, a la que demostró esta semana Boye en el Pazo de Xustiza de Pontevedra, se ha visto en el proceso instructor de la operación Barranca Bermeja, el despliegue liderado por la unidad Greco Galicia que contó con el apoyo de otras fuerzas del orden y que se saldó con la detención de varios grupos delictivos que intentaron colar un gran alijo por vía marítima empleando la embarcación Titan III.
El letrado del supuesto dueño de los 2.500 kilos de cocaína que fueron decomisados en las inmediaciones de las islas Azores, Paul Wouter, puso sobre la mesa de Juan Carlos Carballal, magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, unos documentos mediante los que pretendía que su patrocinado fuese exonerado y saliese de prisión de forma inmediata. Francisco Miranda, conocido por defender los intereses de otros narcotraficantes (como Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo), aportó una sanción de tráfico que ubicaría a su cliente, holandés de Surinam afincado en la Costa del Sol, en un lugar distinto al que indican los investigadores. Si los agentes del Greco Galicia acreditan que se reunió con sus socios gallegos, el letrado pretende probar que en ese instante se hallaba en otro punto. Tras analizar las pruebas que obran en su poder (por una parte las presentadas por Miranda y por otra las que le aportaron los miembros de la investigación), el juez Carballal apostó por mantener a Wouter en la cárcel, y no solo eso: inició un procedimiento para esclarecer si tales papeles son auténticos o si, por el contrario, han sido falsificados, lo que implicaría una tentativa de estafa procesal.
El holandés detenido en la mencionada operación Barranca Bermeja es un individuo aún por conocer entre la opinión pública de las Rías Baixas. Se trata de una persona originaria de Surinam, antigua colonia de los Países Bajos y punto de partida habitual de los grandes alijos que cruzan el Atlántico de Oeste a Este por vía marítima. La Brigada Central de Estupefacientes no le tenía fichado hasta su reciente arresto, y ahora le sitúa como uno de los hombres más fuertes del tráfico internacional de cocaína entre Sudamérica y España en la actualidad, pendiente de que todo ello sea acreditado en el proceso judicial.
En el caso de Wouter, Juan Carlos Carballal resolvió en su contra y decidió mantenerle en prisión. En el de Miñanco, decidirá José Juan Barreiro y se prevé que el dictamen sea el mismo
Dicha operación, que explotó en el mes de agosto, fue la más reciente intervención contra el narcotráfico con entrada directa por Pontevedra, e incluyó 27 detenciones, 22 de ellas en la propia provincia. Entre los investigados, nombres célebres como Melchor y Manuel Charlín (que habrían ofrecido infraestructura para la introducción de droga pero que no habrían sido los autores de la misma en último término), el boirense sin antecedentes Mario Otero o el histórico Jacinto Santos Viñas.
La Ertzainza, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la UCO de la Guardia Civil apoyaron a los Greco en la intervención, que se produjo tras el seguimiento de un barco, el citado Titan III, que pasó por Vigo, Libia, Marruecos y Senegal para volver a Galicia antes de salir hacia el océano en busca del alijo que acabó siendo aprehendido por la Policía.
