Los comuneros sostienen que el camino forestal es de su propiedad y que la Administración local ocupó de forma ilegal un tramo de 150 metros de esta vía, que tiene una longitud total de 700 metros y que une la carretera PO-224 con el lugar de O Penedo. En esta zona hay varias casas y la entrada a un aserradero de madera que la empresa Reyca tiene en esta parroquia.
La portavoz municipal, Anabel Gulías, confirmó este lunes que el Concello se va a personar en esta causa para tratar de resolver este conflicto. El objetivo es que la Justicia dirima si la titularidad de esta pista forestal es pública, como han defendido los servicios técnicos municipales antes de su pavimentación, o privada.
La edil del BNG reconoció que los comuneros podrían tener la razón en este pleito por la documentación aportada por los mismos en 2020, año en el que la asamblea de la Comunidade de Montes dio un ultimátum a Pontevedra para que expropiase estos terrenos en los que había obrado sin su autorización. "Todos os indicios nos fan pensar que o camiño é da Comunidade de Montes. En caso de que así sexa trataríase dun erro por parte do Concello e chegaremos á negociación que sexa necesaria en prol dos veciños e das veciñas", afirmó.
Los escenarios que baraja el Ejecutivo local son básicamente dos: devolver la pista forestal a su estado original, en tierra, corriendo con los gastos de las obras, o mantener el pavimento tal y como está.
CONFLICTO JUDICIAL. El conflicto judicial de Xeve también resolverá si el citado acceso está afectado por los lindes del campo de tiro. La parcela que ocupa esta instalación deportiva es propiedad de los vecinos. Así lo dictaminó en diciembre de 2018 una sentencia judicial, que declaró comunales los 112.018 metros cuadrados del monte Cernadas.
Entonces, el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Pontevedra proclamó la nulidad "radical" de la escritura pública del 19 de enero de 1973 por la cual el Concello cedía de forma gratuita estos terrenos a la Administración General del Estado. En 1982, y después de las transferencias a las comunidades autónomas, este dominio pasó a manos de la Xunta, que es la administración que actualmente gestiona el campo de tiro.
El fallo llevó a la Comunidade de Montes de Santo André de Xeve a reclamar una contraprestación al Gobierno gallego, al que solicitó el pago de un canon de entre 30.000 y 50.000 euros anuales por la ocupación de estos terrenos. Los comuneros no han obtenido respuesta.
