Poio está a un paso de ganar, de forma definitiva, la guerra territorial que mantiene con Pontevedra desde principios de los 90. Así lo pone de manifiesto el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en un nuevo informe emitido el pasado 4 de septiembre sobre el conflicto de lindes entre ambos municipios. El organismo dependiente del Ministerio de Fomento ratifica que los terrenos de orillamar de los que la capital provincial se apropió durante la guerra civil pertenecen a Poio, aunque con matices.
El dictamen del IGN da respuesta a las alegaciones presentadas hace dos años por los dos municipios para tratar de resolver su disputa fronteriza. En él, se concluye que la Comandancia de la Guardia Civil, el Parque Municipal de Bombeiros y parte de A Xunqueira de Alba pertenecen a Poio. También se sitúa en suelo poiense un trecho de la autopista, la glorieta del puente de As Correntes ubicada en Domingo Fontán, un tramo de esta última avenida y la cementera que hay frente al Centro Comercial A Barca.
La propuesta del Instituto Geográfico Nacional no es una novedad. El 25 de noviembre de 2016 emitió un informe en el que ya situaba la zona comprendida entre la AP-9 y el río Gándara en Poio.
Una de consecuencias de este informe es que el Concello poiense podría cobrar en un futuro el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a Pontevedra por el Parque Municipal de Bomberos. El Consistorio capitalino asume esta posibilidad, pero no se muestra muy preocupado porque el solar en el que está situado su servicio de extinción de incendios se compró en la década de los 60 y, por lo tanto, es de su propiedad.
El alcance del nuevo deslinde arroja otra complicación administrativa: la división de las 67 hectáreas que ocupa la Xunqueira de Alba, un enclave protegido que cuenta con la declaración de Espazo Natural de Interese Local (Enil).
En la actualidad, es Pontevedra quien se ocupa del mantenimiento y conservación de este lugar. Pero la resolución estatal abre la posibilidad a que ambos concellos compartan los gastos de estas tareas. Este escenario no es compartido por el Ejecutivo de Miguel Anxo Fernández Lores, que defiende que para garantizar la protección integral de las marismas debe ser una única administración la que se quede con ellas.
O VAO. La decisión del IGN, que avala con su firma su subdirectora general, Mónica Groba López, también afecta a la rotonda de acceso al viejo poblado chabolista de O Vao, situado a los pies de la carretera de Vilagarcía. La glorieta se ubica en suelo pontevedrés a pesar de que tanto Poio como Pontevedra daban por hecho que esta debía situarse en territorio poiense y así lo hicieron constar en sus sucesivas alegaciones.
La división trazada por el Instituto Geográfico Nacional incluye una parte del núcleo chabolista de O Vao en Pontevedra. Se da la circunstancia de que la Xunta tenía prevista la construcción de un vial para conectar la carretera de Vilagarcía con A Caeira por este lugar. El proyecto, que sigue en el cajón por falta de fondos, ayudaría a reducir el tráfico rodado en el nudo de Bombeiros y en las inmediaciones del puente de A Barca.
Por otra parte, las fincas de O Vao que tradicionalmente han pagado impuestos en Poio o Pontevedra seguirán haciéndolo. "El IGN no puede, por iniciativa propia, proponer un límite cuya forma de unión entre mojones (que son las piedras que en 1889 se utilizaron para marcar los límites entre ambas localidades) coincida con el límite de las parcelas, aunque esta medida pudiera parecer razonable", expone el informe.
En lo que respecta al polígono comercial, la titularidad tampoco cambiará: seguirá en suelo pontevedrés.
AS CORRENTES. El dictamen estatal no se pronuncia, sin embargo, sobre una de las cuestiones que han preocupado al Concello capitalino: saber si los nuevos límites fronterizos afectarán a la titularidad del puente de As Correntes. El viaducto pontevedrés costó más de siete millones de euros y fue inaugurado en 2012 con inversiones del Ayuntamiento y de la Xunta.
El informe «complementario» elaborado por el Gobierno central no es definitivo. La última palabra en el conflicto que Pontevedra y Poio arrastran desde hace casi tres décadas la tendrá la Xunta de Galicia. El deslide deberá pasar el filtro de la Comisión Galega de Delimitación Territorial, del Consello Consultivo y del Consello de la Xunta, que será el organismo que aprobará las nuevas fronteras.
A pesar de este recorrido burocrático, la resolución del IGN también será entregado a la Deputación Provincial para que haga las consideraciones que estime oportunas. Sin embargo, las conclusiones de la entidad provincial no serán vinculantes.
28 MOJONES. Pontevedra y Poio están divididos por medio de 28 mojones que los representantes políticos de ambas localidades colocaron en 1889 desde el punto más alto del Monte Castrove hasta orillamar.
Este pacto territorial saltó por los aires en 1938.
