González Carballo confirmó, por otra parte, que se mantendrán los controles habituales para mantener la equidad fiscal y combatir la morosidad. Por este motivo se llevarán a cabo actualizaciones de censos con revisiones en las tasas de la recogida de la basura y del recibo del alcantarillado. También se impulsarán inspecciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que es el que pagan las empresas que facturan más de un millón de euros al año.
La decisión de no incrementar la presión fiscal el año que viene es una de las tres patas de los nuevos Presupuestos municipales, cuya elaboración se antoja más compleja de lo habitual. "Teñen variables que nunca tiveron", reconoció el edil de Facenda, que recordó que hay cuestiones externas que afectarán al diseño de las cuentas para 2022. Entre ellas figura el encarecimiento de la luz, el gas y los combustibles, así como la crisis de las materias primas.
El concejal nacionalista se refirió también a la sentencia que emitirá el Tribunal Constitucional sobre la plusvalía, cuyo cobro por parte de los ayuntamientos será anulado al no considerarse válido el método con el que se calcula la cantidad a pagar por parte del contribuyente a través de este impuesto. Este nuevo escenario también afectará a la confección de los Presupuestos porque todavía se desconoce si el Ministerio de Hacienda corregirá la Ley a tiempo para que los municipios puedan ingresar este tributo. "Non o fixeron nin o Goberno de Mariano Rajoy en 2017 (cuando otra sentencia del Constitucional declaró ilegal la plusvalía cuando una vivienda o una finca urbana se vendía con pérdidas) nin o de Sánchez", recordó.
El Concello aún no ha tomado la decisión de provisionar el cobro de la plusvalía, el séptimo tributo que más dinero hace entrar en las arcas locales después de las ordenanzas del IBI, basura, agua, viñeta, alcantarillado e IAE. En total, la hacienda municipal tenía previsto ingresar 1,7 millones de euros en el presente ejercicio a través del impuesto que ahora se pone en cuestión a nivel judicial.
Esta situación llevará a la Concellería de Facenda a adoptar el principio de "cautela" porque el citado tributo no tiene un censo específico, sino que depende del número de operaciones que se generen. La mayor parte de ellas se producen por compra de solares por parte de promotoras o constructoras. "Somos sensibles a esta sentenza, que nos afectará porque deixariamos de ingresar unha contía coa que se contaba", explicó González Carballo, que afirmó que Pontevedra no aplica el tipo impositivo máximo en la plusvalía, que es del 30%, sino que se sitúa por debajo de este límite, concretamente en el 21%.
El edil del BNG, que ha iniciado los contactos con el PSOE, sostiene que la confección de los próximos Presupuestos municipales dependerán "das dificultades que hai, como no caso da plusvalía". Las negociaciones con su socio de Gobierno en la ciudad se plantean de forma positiva porque hay "unha relación fluida" entre ambas formaciones.
