Las semillas de marihuana carecen de principio activo, por lo que su venta es perfectamente legal en España. Es necesario, eso sí, cuando se compra al por mayor, aportar una documentación de identidad válida y, a ser posible, limpia de cualquier sombra de duda. Ese era el papel que desarrollaba un pontevedrés en el seno de una gran red de producción de marihuana engendrada por una mafia china, desarrollada, liderada y dirigida por ciudadanos del país asiático afincados en España. El entramado criminal, considerado uno de los mayores de Europa, contaba con una docena de naves industriales para la producción en masa de cogollos. Los números hablan por sí mismos: la Policía le incautó 27.481 plantas con un peso de 2.295 kilos valorados en más de tres millones de euros, además de joyas valoradas en unos 90.000 euros y más de 70.000 en efectivo, todo ello producto de la actividad ilícita que llevaba a cabo.
La macrooperación, llevada a cabo por la Policía Nacional a finales de 2016 y principios de 2017, concluyó con la sentencia que acaba de hacer pública la Audiencia Provincial de Madrid (las naves estaban en el entorno de la capital y en Guadalajara), con nueve personas condenadas: cuatro chinos (jefes de la organización), cuatro españoles y una ciudadana ucraniana. Al menos cinco asiáticos más que fueron arrestados en su momento se aprovecharon de su situación en libertad provisional y eludieron la acción de la Justicia.
Además de la Fiscalía, que alcanzó un acuerdo con los investigados tras el reconocimiento de los hechos, se personó como acusación la eléctrica Iberdrola, pues los acusados le habían defraudado cerca de 300.000 euros para dotar de luz y calor a las plantaciones indoor en las que hacían crecer las semillas para convertirlas en marihuana.
El juez considera acreditado que los ahora condenados (y los que están en rebeldía) formaban una organización "dedicada al cultivo masivo de marihuana en el interior de naves industriales y viviendas unifamiliares", todas ellas adquiridas en régimen de alquiler por el cabecilla de origen chino a través de la inmobiliaria Hispano-Asia que de facto administraba.
La función del pontevedrés en la organización era, según detalla el juez, la de "la recogida en las empresas transportistas del material eléctrico y del material propio de siembra y fertilización, aprovechando su condición de español", dado que para estas gestiones se les exigía "exhibir el Documento Nacional de Identidad". También efectuaba pagos de alquiler de alguna de las naves y algún trámite bancario.
Además de las sustancias, los investigadores hallaron todo lo necesario para el crecimiento rápido de la marihuana en las plantaciones indoor, desde lámparas hasta fertilizantes hasta transformadores humidificadores y ventiladores.
La organización entregó cuatro viviendas y dos fincas como reparación del daño causado, con la intención de minimizar las condenas que finalmente les fueron impuestas.
Así, el líder chino recibió penas que superan por poco los cuatro años de cárcel (por narcotráfico, blanqueo, pertenencia a grupo criminal y defraudación del fluido eléctrico), además de una multa de siete millones de euros.
El resto de investigados lograron penas muy bajas. La del pontevedrés, condenado por narcotráfico y pertenencia a grupo criminal, se quedó en dos años y tres meses de cárcel, trabajos en beneficio de la comunidad y multa de cinco millones de euros que no abonará.