El último caso ocurrido en Pontevedra de cobro fraudulento de pensiones se resolvió a mediados del pasado año en la Audiencia Provincial. La estradense María Avelina L.R. aceptó una condena de dos años de prisión tras reconocer que entre 1996 y 2016 estuvo cobrando la pensión de su abuelo (unos 550 euros de media), pese a que llevaba muerto 20 años. Según alegó, "porque nadie me pidió nunca ningún papel ni justificante de que hubiese fallecido".
El caso destapó un evidente déficit en la gestión de datos por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y también del Banco Santander, entidad encargada de abonar puntualmente la prestación. Una anomalía que tanto el fiscal como el abogado de la entidad bancaria y los abogados defensores no dudaron en calificar como "una absoluta negligencia".
En 1996, año en que falleció el anciano, su pensión era de 329,50 euros, pero las sucesivas revalorizaciones anuales la elevó hasta los 603.50 euros en 2016, cuando se descubrió el engaño. Durante esas dos décadas, María Avelina se embolsó un total de 132.000 euros, gracias a que figuraba como cotitular en la cuenta que su abuelo había abierto en la antigua Banesto (actual Banco Santander).
MESES MUERTA EN LÉREZ. A finales de 2019 se descubrió el caso de una anciana de Lérez que llevaba meses fallecida en el galpón de su vivienda. Allí convivía con su hijo, quien dijo no haber comunicado el óbito porque se asustó y no sabía cómo reaccionar.
Sin embargo, tanto los familiares de la septuagenaria como la Policía Nacional sospechaban que el verdadero motivo de ese silencio era que, de este modo, el hombre pudo seguir cobrando la pensión de su madre, que ascendía a unos 1.700 euros mensuales.
'CASO CHAPARRITA'. Pero, sin duda, el fraude más sonado en la comarca fue el bautizado con el apodo de uno de sus implicados, José Manuel Ferrería Rey Chaparrita, por el que fueron condenados a 27 años de cárcel el empresario pontevedrés, el funcionario del INSS Joaquín Fernández Tapias, Ramón Ares Cacabelos y Eugenio Bravo Crespo.
Las sucesivas resoluciones judiciales confirmaron que los cuatro integraron una trama que estafó 4,7 millones de euros a la Seguridad Social mediante la captación de ancianos y emigrantes en las zonas de Marín y Vilagarcía a quienes, a cambio de una comisión, tramitaban una pensión fraudulenta.
Durante 16 años (entre 1980 y 1996), sumaron más de 200 beneficiarios de estos abonos fraudulentos. La única documentación que necesitaban los ancianos se reducía a una copia de DNI y una partida de nacimiento. Los clientes los captaban Ares Cacabelos y Bravo Crespo, mientras Ferrería Rey actuaba como enlace con Fernández Tapias, quien aprovechándose de su puesto en el INSS de Vigo amañaba pensiones que no cumplían los requisitos. A veces, ni el de la edad mínima.
