"Esto es un abuso". Esa fue este miércoles la frase del día en los puestos de peaje de la AP-9 a raíz de la entrada en vigor de la nueva subida tarifaria aplicada por Audasa, un incremento del 2% que se suma al aplicado ya a principios de año, del 1,9%.
Desde el miércoles, circular por la Autopista del Atlántico implica que cada turismo que realiza el tramo entre Pontevedra y Vigo tiene que pagar 3,75 euros (diez céntimos más que antes), una diferencia que viene a agravar todavía más la situación en el trecho más caro de toda la AP-9 en repercusión por kilómetro.
En el caso del recorrido entre la ciudad olívica y A Coruña, el desembolso asciende ahora a 15,85 euros (35 céntimos más que antes), y si el destino es Ferrol, la tarifa alcanza los 18,2 euros (40 céntimos de incremento). La situación es todavía peor para los vehículos pesados y, en el caso de los usuarios habituales, supone "una renta al mes", tal y como explicaban este miércoles muchos de ellos, indignados porque la AP-9 ya es desde hace años una de las autopistas más caras de España y estas nuevas subidas no hacen más que sangrar sus economías. Además, en pocos meses, con el arranque del nuevo ejercicio, el precio volverá a subir.
El incremento que entró en vigor el miércoles se corresponde con una doble subida que deriva de los compromisos adquiridos con Audasa, respectivamente, por el Gobierno central en 2011 (cuando el socialista José Blanco dirigía Fomento) y en 2013 (cuando la popular Ana Pastor, actual presidenta del Congreso, tenía esta cartera).
Se trata de la adenda al convenio entre la Administración General del Estado y la empresa concesionaria, aprobado en 2011, por el que se modifican algunos términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la AP-9 y para la ampliación de la capacidad de diversos tramos de la autopista.
De este modo, se ratifica el alza del 1% anual acumulativo durante 20 años en los recorridos con pago directo por los usuarios de la AP-9. Esta subida compensa la inversión realizada para las obras de ampliación de capacidad de diversos tramos de dicha autopista, entre otras actuaciones contempladas en el real decreto de 2011, y también la inversión de las actuaciones recogidas en la adenda.
La segunda alza se traduce en un 1% en 2018, que será de un 0,8% en 2019 y un 0,8% en 2020 en los recorridos con pago directo por los usuarios de la AP-9 para compensar las bonificaciones en el peaje de vehículos ligeros en los tramos de Pontevedra-Vigo, Pontevedra-O Morrazo, Pontevedra-Vilaboa y Rande-Vigo, de acuerdo con el Real Decreto de 2013.
El decreto que publicó este miércoles el BOE se realiza "a iniciativa del ministro de Fomento y a propuesta de la ministra de Hacienda", previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y tras acuerdo de deliberación del Consejo de Ministros del pasado viernes.
CASI LA ÚNICA. Se da la circunstancia de que la AP-9 es casi la única autopista de su generación que todavía no tiene visos de ser liberalizada. Según se anunió el pasado verano, la AP-1 (Burgos-Armiñón) será gratuita antes de que acabe el año, tras medio siglo siendo explotada por Itínere, sociedad participada por la constructora Sacyr. Otras dos vías de pago que el Ministerio de Fomento recuperará para el Estado, haciéndolas gratuitas para los conductores, son la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (tras 51 años con peajes de pago) y dos tramos de la AP-7: los 225,3 kilómetros entre Tarragona y Valencia y los 148,5 kilómetros entre Valencia y Alicante (después de 50 años de concesión). Todos estos contratos, que están en manos de Abertis, expiran el 31 de diciembre de 2019.
Por el contrario, la del Atlántico es casi la única de las autopistas de primera generación construidas en España que tendrá 75 años de concesión, el mismo período que la que une Santiago con Dozón y la de León-Campomanes.
Por otra parte, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, mantuvo este miércoles una reunión con la Plataforma de Afectados das Obras da AP-9 y con el alcalde de Redondela para informarles de que los proyectos de reposición de viarios y colocación de pantallas anti-ruido están en tramitación.
