El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico insistió este viernes en que tanto "la ocupación" de terrenos de dominio público marítimo-terrestre » por parte de Ence como "el plazo" de duración están "previstas" en la prórroga que examina la Audiencia Nacional, a causa de los recursos presentados por el Concello, la Asociación Pola Defensa Da Ría (APDR) y Greenpeace. Por este motivo, el Ministerio trasladó ayer a este periódico que "las sentencias que resuelvan esos pleitos serán las que determinen el tiempo que podrá estar Ence en la ría de Pontevedra», pero «no la Ley de Cambio Climático".
El Ministerio sigue negando que dicha ley pueda tener carácter retroactivo como sí interpreta CC. OO., la Xunta y Ence, que consideran que el artículo 18 puede impedirle seguir produciendo pasta a partir de 2033. Según han manifestado, creen que el Gobierno ha utilizado esta ley para impone un plazo máximo de 75 años para las concesiones, incluidas las prórrogas, y para declarar nulos los actos administrativos dictados con anterioridad.
Transición Ecológica recuerda que la ocupación de los terrenos de Lourizán está regulada por una prórroga judicializada
El Gobierno insiste en que, independientemente de cómo se resuelvan los pleitos y la ley de Cambio Climático, la fecha de tope de Ence ya es 2033, pues es cuando se cumple el tope de 75 años que establece la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para todas las concesiones, una norma aprobada en 2003 y de rango superior a la de Cambio Climático. Además, el Ejecutivo subraya que la normativa de Costas impide ampliar la estancia en el litoral de empresas que desarrollan actividades que no necesitan estar en la costa.
En todo caso, Ence ya ha advertido de que cerrará Lourizán si no se reforma la ley y el Gobierno ya ha avanzado que no tiene previsto cambiar el texto, lo que ha empujado a los representantes de los trabajadores a emprender diferentes estrategias. CC.OO. ha puesto el foco en la reforma del artículo, algo que cree que todavía se puede conseguir mediante una enmienda transaccional. CIG y UGT han priorizado sentar en la misma mesa a todos los agentes con voz sobre el futuro de la pastera y por lo de pronto el Gobierno central y Ence han aceptado participar.
