SI como cuantifica la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía la fortuna amasada por el clan Pujol en cuatro décadas de corrupción, que coincide con la presidencia de la Generalitat de su ‘muy honorable’ jefe, asciende a 290 millones de euros, no deja de sorprender que la Justicia actúe con tanta lentitud y su repercusión mediática sea incluso inferior al de otros casos similares de menor cuantía, como si existiese una especie de paraguas protector tendente a desvanecerlo. Además, teniendo muy presente que por cada piedra que se levanta el fraude engorda, el botín puede ser superior a lo estimado hasta ahora.
Pero lo más llamativo es que la opacidad haya funcionado durante tantos años, bajo sospecha de que la oposición debió de estar al tanto de la expoliación. Al menos el alcalde socialista de Barcelona Pasqual Maragall estaba al tanto, como lo evidencia su denuncia del tres por ciento, y sin embargo no se dieron los pasos necesarios para desenmascarar las prácticas de la familia, cuya envoltura en la bandera catalana contribuyó sin duda a ahuyentar las moscas cojoneras, pero nada justifica el que se mirase hacia otro lado. A eso se le llama complicidad.
