BUENA PARTE de las actividades a las que nos enfrentamos en nuestro devenir cotidiano, tanto a nivel personal como en el desempeño profesional, tienen ya una componente digital. Desde el sencillo gesto de coger una llamada por teléfono al de solicitar o enviar un presupuesto a través de un mail, realizar una transferencia bancaria o llevar a cabo una compra a través del comercio electrónico. Hoy casi todo es, o puede ser, online. Y así se demanda. Cualquier empresa o negocio que quiera sobrevivir a estas alturas del siglo XXI sabe de sobra que necesita estar al tanto de las posibilidades que le ofrecen las herramientas online y saber manejarlas. Y, de hecho, así se incentiva.
No deja, por tanto, de resultar un anacronismo que las propias Administraciones, que cada vez nos requieren una mayor digitalización a la hora de relacionarnos con ellas, mantengan vigentes imposiciones fiscales de la era analógica, absolutamente fuera de lugar. Hablo, por ejemplo, del Impuesto de Actividades Económicas, del de Sucesiones, Patrimonio... y de muchos otros que pudieron tener cierto sentido cuando se instauraron en el pasado siglo pero que en la sociedad actual son ya del todo punto desfasados. Amén de incomprensibles e innecesarios.
No estaría de más ir un paso más allá cuando se habla de la regulación y actualización de la fiscalidad y no solo reclamar la reducción de ciertas cargas impositivas para los generadores de empleo y riqueza, sino incluso la desaparición total de otras. Porque, insisto, no tienen sentido mantener impuestos analógicos en la era digital.
Al margen de esta consideración, pero sin abandonar la temática impositiva, no salgo estos días de mi asombro respecto a las posturas que está defendiendo cada quien en relación a la armonización fiscal. El mundo se ha vuelto del revés. Los pájaros se tiran a las escopetas. Para alguien que, como es mi caso, lleva defendiendo desde siempre que todos los españoles deberíamos tener exactamente las mismas normas, derechos y obligaciones, por supuesto, también en el ámbito de los impuestos, resulta del todo incomprensible que quienes hace nada defendían las asimetrías fiscales promulguen ahora la igualdad. Y que quienes entonces decían que no podía haber ciudadanos de primera y de segunda defiendan ahora beneficios fiscales exclusivos para sus territorios.
Vamos a ver señores, ¿a qué jugamos? ¿A llevar la contraria por sistema al enemigo político, sin preocuparnos si quiera de saber si lo que defendemos ahora es justo lo contrario que lo que proclamábamos hace meses? ¿A hacer política por política con cualquier cuestión, sin importarles lo más mínimo qué es lo que realmente beneficia a sus representados? Visto lo visto, la respuesta, evidentemente, es que sí. Y resulta intolerable.
Resulta intolerable que no todos los españoles juguemos con las mismas cartas. Incluso voy más lejos, deberíamos hacerlo todos los europeos. Desde luego, lo que no se puede consentir es que alguien –dígase un proyecto, una empresa, un negocio, una persona...– pueda destacar o triunfar no por ser el más creativo, el más trabajador o el más constante, sino porque en su territorio cuenta con unas ventajas fiscales que lo sitúan en una mejor situación competitiva. Porque eso se llama, sencillamente, competencia desleal. Intolerable.
