El brote de la comarca leridana del Segriá sigue siendo, con su grado de transmisión comunitaria, el principal foco de la epidemia de coronavirus, que este martes ha anudado a su desarrollo un giro de doble vuelta, político y judicial, tras vetar una magistrada la decisión de la Generalitat de confinar la ciudad de Lleida y otras siete poblaciones, que el presidente catalán, Quim Torra, ha optado por soslayar con el anuncio de un decreto.
El Gobierno descarta aplicar el estado de alarma y sostiene que las autonomías tienen capacidades y medios para actuar frente a los nuevos brotes, como ha puesto de manifiesto este lunes Aragón al hacer retroceder a Zaragoza y Huesca a una fase 2 con limitación de aforos y reuniones, junto a las cuatro comarcas orientales limítrofes con Lleida, que llevan más de quince días con restricciones.
En Aragón, como en Baleares y Murcia y antes en Extremadura y Cataluña, es obligatorio desde este lunes el uso de mascarilla haya o no distancia de seguridad. Andalucía, Cantabria, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana se disponen a ser las siguientes.
El Ministerio de Sanidad, que ha notificado 164 contagios en las últimas 24 horas y 7 muertes en los últimos siete días, no oculta su preocupación por la expansión del virus en España, aunque lo haga con menos casos graves y muchos asintomáticos, mientras la OMS advierte de que la pandemia sigue avanzando por "los errores" de muchos gobiernos, tras anunciar un nuevo máximo diario de 230.000 contagios en el mundo.
VETO A LAS RESTRICCIONES. La situación en Lleida se ha ido complicado día a día en la última semana e inducía a tomar medidas más expeditivas, según venían reclamado distintos expertos. Tras dejarlo entrever en numerosas ocasiones, la Generalitat, criticada por la planificación y la falta de recursos, ha optado finalmente por ampliar el confinamiento perimetral y reforzarlo con una restricción de movimientos limitados a actividades esenciales.
Pero esas medidas, especificadas el domingo, han topado con una juez, que las ha vetado, y ese veto ha llenado de desconcierto a alcaldes, vecinos y comerciantes que se han despertado este lunes sin saber exactamente qué se podía y no se podía hacer. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido desdeñar la resolución judicial al anunciar un decreto para dar cobertura jurídica al confinamiento.
Mientras se daba por servido el conflicto, Torra apuntaba a decisiones como la del País Vasco de denegar el voto el domingo a los electores que habían dado positivo por Covid-19 y rehusaba plantear un recurso judicial, como se le insinuaba desde el Gobierno, que le animaba a aplicar mientras tanto medidas de limitación de aforos y reuniones, como las adoptadas por el Gobierno de Aragón.
También descartaba la Generalitat pedir la aplicación del estado de alarma, al que circunscribe la juez la actuación para poder llevar a cabo confinamientos que entrañen restricción de movimientos. Tampoco el Gobierno está por esa labor, porque considera que las autonomías disponen de capacidades y de herramientas necesarias para actuar ante este tipo de casos.
El objetivo de la Generalitat es el de limitar los movimientos de las más de 160.000 personas que viven en la ciudad de Lleida (139.000 habitantes) y los municipios de Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre, Seròs y Soses, tras una semana de aumento paulatino de la transmisión con las dificultades para solventar el origen del problema, los miles de temporeros de la fruta que viven en condiciones penosas en la zona.
ALTERNATIVAS AL CONFINAMIENTO. El incremento de contagios se ha concretado en 116 en las últimas 24 horas, mientras que los hospitales de Lleida sumaban tres nuevos ingresos por coronavirus, lo que eleva el total a 108 pacientes, de los que once permanecen en la UCI, seis de ellos en el centro de referencia, el Arnau de Vilanova, que este lunes ha abierto su tercera planta destinada exclusivamente a enfermos de coronavirus.
El jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha subrayado este lunes que "en Lleida ha fallado la estrategia básica" para frenar los contagios y ha urgido a reforzarla los sistemas y actuar rápido, porque considera que "el aumento de casos en Barcelona, L'Hospitalet y otros lugares de Cataluña podrá a prueba las capacidades". Las denuncias por la escasez de rastreadores son ya un clamor.
Especial atención ha concitado L'Hospitalet de Llobregat, municipio de más de 260.000 habitantes unido literalmente a Barcelona, donde hay un brote con 300 contagios activos concentrados en los barrios del norte de la ciudad, como ha informado este lunes su alcaldesa, Núria Marín, que ha pedido que se refuercen la atención primaria y, cómo no, los rastreos.
Los casos positivos de Covid-19 se han triplicado en una semana en la ciudad de Barcelona en 24 pequeños brotes que están controlados, según ha explicado la alcaldesa Ada Colau, que ha exigido, de nuevo, "más rastreadores".
Utilizando la vía alternativa al confinamiento, ya puesta en marcha en sus cuatro comarcas orientales colindantes con Lleida, Aragón ha decidido este lunes, debido al aumento de casos, hacer retroceder al equivalente a una fase 2 "flexibilizada" a las ciudades de Zaragoza y Huesca con medidas basadas en la reducción de aforos y la limitación de las reuniones en grupo a las 10 personas.
La medida afectará a unas 870.000 personas, el 70 % de la población aragonesa, ya que se suman a ellas las comarcas hortofrutícolas de Medio y Bajo Cinca y La Litera, en Huesca, y Bajo Aragón-Caspe, en Zaragoza, descendidas hace dos semanas a la extinta fase 2 con alguna prohibición más.
En Aragón, como en Baleares y Murcia y antes en Extremadura y Cataluña, es obligatorio desde este lunes el uso de mascarilla haya o no distancia de seguridad. Andalucía, Cantabria, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana se disponen a ser las siguientes, con efectos que algunos especialistas siguen discutiendo, pero que otros avalan, aunque sea como elemento disuasivo a esas aglomeraciones frecuentes como la de la celebración este domingo del ascenso a Primera División del Cádiz CF.
INCREMENTOS EN 15 PROVINCIAS. A esas celebraciones se ha referido este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón: "A mí me encantan estas celebraciones pero este año no toca (…) Tenemos brotes por celebrar las no fiestas de los pueblos, tenemos brotes por las no celebraciones de los eventos deportivos. Creo que podemos buscar otras alternativas".
En su habitual comparecencia de los lunes, Simón ha subrayado que de los 120 brotes que hay activos, muchos están a punto de cerrarse, tras reiterar de que "sigue habiendo transmisión, pero detectamos mucho más que antes" y precisar que en las últimas semanas ha habido incrementos en 15 provincias.
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha referido al Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19, que establece que su departamento actuará en brotes de coronavirus que afecten a dos o más comunidades declarando la actuación coordinada, un paso previo al estado de alarma que deberá ser aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El documento, que compila muchas de las medidas que ya están en marcha, establece que sea el CCAES el que, en coordinación con cada autonomía, evalúe el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida a partir del ámbito territorial, los indicadores epidemiológicos o la capacidad asistencial.
Una de las prioridades del plan es prevenir el impacto de la gripe en este otoño-invierno ante su eventual coincidencia con la epidemia de coronavirus, por lo que sugiere fomentar las vacunaciones, especialmente en mayores de 65 años, personal sanitario y socio-sanitario, mujeres embarazadas y personas de riesgo. De esta forma, Sanidad sumará este año una compra extraordinaria de 5,2 millones de dosis.
