El grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), del que España es miembro fundador, hizo público en diciembre de 2013 un conjunto de medidas para luchar contra la politización de la Justicia. Entre las medidas indicadas por aquel entonces, se han cumplido las que atienden a la adopción de un código ético para los jueces y al establecimiento de la caducidad de los procedimientos disciplinarios para jueces y magistrados. Sin embargo, se han incumplido, y gravemente, las más relevantes: la autonomía del Fiscal General del Estado y la politización de la selección del turno de los jueces para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En efecto, los políticos siguen participando en la elección del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial en una clara muestra de que persiste entre nosotros la politización en la composición del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados que es quien decide la composición de las llamadas altas magistraturas y quien es el competente en materia de potestad disciplinaria de los integrantes del poder judicial en sentido estricto.
Esperemos que la ciudadanía sea consciente del peligro que entraña la actual clase política para la misma democracia
En efecto, el Greco reprocha a España la falta de transparencia de las comunicaciones entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado y la ausencia de autonomía de gestión de la Fiscalía. No objeta, como es lógico, que Congreso y Senado designen a los ocho miembros del órgano de gobierno de los jueces que son juristas, pero afirma, con toda razón, que las Autoridades políticas no deben participar en ningún momento en el proceso de selección del turno judicial.
En opinión del Greco, cuando las estructuras de gobierno del Poder Judicial no se perciben como imparciales e independientes, eso tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país.
En España, es triste señalarlo, que 2.500 jueces y todas las asociaciones de jueces y magistrados hayan tenido que acudir a la Unión Europea para que defienda el Estado de Derecho en nuestro país, es muy grave, muy grave. No tiene parangón y esperemos que no se vuelva a repetir. En todo caso, habla muy bien del coraje cívico de los jueces y magistrados y de su compromiso con el Estado de Derecho. Un compromiso que en otros estamentos de la vida jurídica brilla por su ausencia de forma clamorosa.
Esperemos que al final, la ciudadanía sea consciente del peligro que entraña la actual clase política para la misma democracia, para el progreso del país, y tome decisiones en las próximas elecciones para preservar el Estado de Derecho en España. Falta hace.
