REMUNICIPALIZAR ES una palabra inventada, que está de moda, funciona bien en tiempos de Twitter, y a menudo se contrapone a privatizar. Esa dicotomía en el plano político suele resumirse en que las personas “de izquierdas” prefieren la prestación directa del servicio por parte del municipio, mientras que las “de derechas” la gestión indirecta por parte de una empresa. Nada más lejos de la realidad, pues el franquismo apostó por la gestión directa, mientras que, en los 80 el PSOE, por falta de recursos para mantener infraestructuras, lo hizo por la indirecta. En el fondo, es una cuestión de presupuesto y no de ideología. Se acude a la gestión indirecta cuando se necesita dinero para inversiones.
La remunicipalización tiene un componente político que no se justifica más allá de la ideología, pues la gestión privada puede ahorrar hasta un 30% del coste, lo que demostró en Holanda un estudio en gran parte de sus ayuntamientos. En esta línea, libros como “Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?” alertan de los peligros para la eficiencia, calidad y sostenibilidad de los servicios. Hablando del agua afirma que el modelo público de gestión no ha supuesto una mejora, para lo que cita a Berlín, con el agua más cara de Europa, y París, donde han aumentado los problemas en las infraestructuras por falta de conservación.
Un informe de la Organización de Consumidores Unidos de 2015 afirmaba que el 90% de los municipios españoles optaba por la gestión privada por su menor coste y mayor eficacia. Y si hablamos de dinero, otro estudio de 2016 de Facua-Consumidores en Acción sobre el precio del agua en 28 ciudades españolas concluía que Murcia (29,35 €) y Barcelona (23,49), gestionadas por empresas mixtas, son las ciudades más caras, mientras que las más baratas son Valladolid (10,82) y Salamanca (12,49), gestionadas por empresas privadas.
El quid de la cuestión no debe ser la discusión entre público o privado, sino si se cumplen los criterios de eficacia, solvencia y experiencia en la prestación de los servicios. En cuanto a la eficiencia, se trata de prestar un servicio de calidad al menor coste, por lo que es necesario incorporar mucho 'know how' y valor añadido, y dado que las administraciones realizan mejor las funciones de inspección y control que las de gestión, sería bueno un análisis de si ciertos servicios deben prestarlos ellas, o puede hacerlo el mercado, lo que permitiría priorizar unas políticas sobre otras, cosa especialmente útil en tiempos de crísis.
Otra cuestión tiene que ver con lo que es “gestión directa”, ya que resulta difícil pensar en algún servicio público sin ninguna aportación de la empresa privada. Así que el debate debe situarse en la elección de los modos o herramientas para prestar los servicios: gestión pública, público-privada, u otras intermedias, para lo que se impone realizar evaluaciones previas con herramientas como “Value for Money”, “análisis coste-beneficio”, “Public Sector Comparator”, etc.
La participación privada puede atraer financiación, aportar soluciones innovadoras, prestar servicios más rápidamente y ofrecer mejoras en la eficiencia, por lo que las autoridades municipales harían bien en mover el foco del debate desde posiciones ideológicas (lo público es mejor) hacia los procedimientos y la evaluación de sus políticas públicas. En aquellos casos en los que la gestión privada no sea satisfactoria, habrá que recuperar la gestión directa pública, en caso contrario, sería poco lógico.
