En el debate de política general celebrado estos días en el Parlamento de Cataluña, el presidente de la Generalidad, señor Aragonès, ha anunciado su propósito de plantear un ‘acuerdo de claridad’ en base al que poder articular un referéndum pactado, como se hizo en Canadá con la denominada ley de claridad, en el proceso que se desarrolló en dicho país con motivo del referéndum sobre la independencia de la provincia de Quebec.
Ciertamente ello supone dejar atrás el simulacro de ilegal consulta del 1 de octubre, y de algún modo, la vuelta a la razón, si bien no es una hipótesis, hay que decirlo, que pueda entenderse compatible con la indisoluble unidad de la nación española que proclama el artículo 2° de la Constitución, de suerte que, para dar cauce a un acuerdo como el sugerido por el presidente autonómico catalán, sería preciso previamente modificar ese precepto de la carta magna, que, además, forma parte del núcleo del pacto constitucional, requeriría a mi juicio un previo proceso constituyente, con lo que eso entrañaría.
Es de interés recordar, no obstante, que el referéndum celebrado en Quebec requería una clara expresión de la voluntad de los habitantes de Quebec y para ello: una pregunta clara, una alta participación de ciudadanos en la consulta y un voto favorable muy superior a la mayoría absoluta, que se estimaba insuficiente para decidir sobre la secesión.
De modo que no parece que pueda ser este el camino hábil para que los independentistas de distintas filiaciones puedan transitar hacia su ansiado destino. La cosa ofrece pocas dudas. Probablemente por eso se ha producido, también en estas horas, una severa crisis en el ejecutivo autónomo.
Ahora bien, entre tanto va siendo hora de percatarse de que el independentismo sigue activísimo, y que gobierna las instituciones autonómicas impulsando sin descanso la burbuja de una realidad catalana ajena a lo español, utilizando con descaro el altavoz que le proporcionan los muy potentes medios públicos de información y otros más o menos a su servicio, en buena medida merced a la presión ejercida sobre ellos y por complicidades interesadas con el poder que detentan y ejercen, sembrando aquí y allí su utópica y disparatada concepción de un país distinto, diferente y diferenciado y, sobre todo, ajeno a la comunidad española, falseando la historia y negando y pisoteando la realidad.
Ese proyecto concentra su acción en algunos objetivos. Uno de ellos, presente con ocasión de decisiones judiciales recientes, es el de imponer el uso social del catalán. En el ámbito institucional lo hacen de forma asfi xiante, y en la enseñanza con el instrumento de la inmersión niegan el derecho a estudiar en la lengua común de la sociedad española, y llamo imposición no al legitimo favorecimiento y promoción, sino a la delirante pretensión de excluir el español de los espacios públicos, culturales, sociales, comunitarios y escolares, difundiendo sin desmayo sus doctrinas identitarias y fanáticas, que creen que tienen en la lengua uno de sus baluartes. En las propuestas de resolución de algún grupo después del debate de política general se plantea que expresarse en catalán no sea solo un derecho sino una obligación, de modo que están dispuestos muchos de estos a coaccionar para conseguir su objetivo en esta materia.
En la actualidad la escuela y la universidad son verdaderos campos de labor en su fanática tarea de conseguir —y algún éxito van cosechando— que los millones de catalanes que no les secundan se consideren solo y esencialmente catalanes, no por haber nacido en Cataluña, por vivir en Cataluña, sino por su incorporación a un pueblo que es, tal como lo concibe la ensoñación independentista, el único. De lo que hoy se vive en la universidad catalana es revelador que en el discurso de apertura de curso de la Universidad Autónoma de Barcelona, el escritor Márius Serra ha llamado viles a los defensores del bilingüismo dedicando principalmente su intervención a reivindicar el monolingüismo en catalán.
Se han dictado, por poner un ejemplo escolar, instrucciones por el departamento de enseñanza acerca de cómo impartir las clases de latín. Por resumir, lo que a juicio de estos trastornados es esencial en ellas vincular el latín al catalán, bueno el latín, y la romanización misma.
Y todo eso se endereza a conseguir, como sea, una conciencia social mayoritaria próxima a sus postulados que algún día pudiera encarar, con posibilidad de éxito, el por ellos anhelado proceso de secesión. No es razonable mirar para otro lado. Pueden pretender lo que quieran, pero hay allí una mayoría contraria a sus postulados. No se debe seguir mirando para otro lado, hay que neutralizar con la razón y con actitud firme y decidida las acciones que impulsa un delirio que se pretende historia propia y diferenciada.
