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Los 700 millones

Los impagos a Galicia por parte del Estado tienen una parte de justificación económica y mucho de trasfondo político

GALICIA Y EL ESTADO mantienen un pulso desde hace meses por cuestiones económicas y financieras, esas que no despiertan el interés de la mayoría de la gente pese a que tienen una enorme repercusión en su vida diaria. Hay 700 millones sobre la mesa que la Xunta insiste en que son de todos los gallegos pero que el Estado mantiene retenidos temporalmente bajo sus propios argumentos. No es que no los vaya a pagar, pero la demora en ejecutar esas transferencias está generando problemas contables en la caja gallega.

→ ¿De dónde salen esos 700 millones?

Son 330 de las entregas a cuenta —la parte de algunos impuestos que recauda el Estado en las comunidades y luego les ingresa— de 2019 comprometidas por el Gobierno socialista en julio de 2018; otros 200 de una mensualidad el Iva comprometidos por Hacienda en agosto de 2018, y 170 millones de incentivos a comunidades cumplidoras.

→ ¿Cuál es el problema?

Que la Xunta, cuando elaboró sus presupuestos de 2019, incluyó en ellos dos de esas partidas: los 330 millones de entregas a cuenta y los 200 del Iva, basándose en ese compromiso adquirido por el Estado. Ahora, hay 530 millones presupuestados que la Xunta no tiene porque el Gobierno central no se los transfiere, lo que empieza a generar problemas de contabilidad en Galicia.

→ ¿Por qué se genera?

Por la negativa del Estado a realizar ese ingreso. Las entregas a cuenta se van pagando cada mes desde que arranca el año. Si en enero o febrero una comunidad no las cobra, tiene menos impacto porque es poca cantidad, pero a medida que avanzan los meses aumenta el agujero en la caja y se generan eso que técnicamente se denominan tensiones financieras. El Gobierno del PSOE argumenta que está en funciones y que nadie le aprobó sus presupuestos para este año, razones por las que afirma no poder pagar las entregas a cuenta. Y en el caso del Iva, justifica que fue una norma del ministro Montoro (PP) la que fijó la nueva regla de juego en la que Hacienda se queda con parte del Iva para pagar más adelante. Dice que necesita estar constituido el Gobierno para modificar ese modelo.

→ ¿Es político o financiero?

Este conflicto financiero tiene mucho trasfondo político. Es un año en el que hubo elecciones en 13 de las 17 comunidades: todas menos Galicia, Cataluña, Euskadi y Andalucía. De ellas, hay que sacar del conflicto al País Vasco porque rige sus relaciones financieras con el Estado por un régimen foral y no por el general. También Cataluña anda más centrada en otras cuestiones que en sus problemas de financiación con un Ministerio de Hacienda al que ni siquiera reconoce. Eso deja solo dos gobiernos autonómicos que, sobre el papel, tendrían que vivir un 2019 de estabilidad financiera: Galicia y Andalucía. Ambos tienen ejecutivos formados, presupuestos y mayorías para ejecutarlos. Pero ambas son del Partido Popular. Así que son sin duda las más perjudicadas por esta retención de fondos. O al menos así lo ven sus dirigentes.

→ ¿Cómo repercute?

De momento, la Xunta tiene que recurrir a créditos para tapar el agujero que tiene en sus cuentas; y todos los créditos cuestan dinero, en este caso dinero público. Pero a medida que avanza el año también tienen cada vez más peso los pagos —por ejemplo las obras que se van acabando—, por lo que la tensión financiera crece. Podría demorarse el pago a proveedores o incluso incumplir las exigencias de déficit. Otra consecuencia es que tampoco hay noticias de las entregas a cuenta de 2020, ya que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunió el verano pasado, por lo que la Xunta no puede elaborar las cuentas del año que viene.

→ ¿Cuándo se solucionará?

Si este mes se constituye un Gobierno ya no habría excusa para no ejecutar los pagos. La alternativa es septiembre y, de haber repetición electoral, el panorama se nubla más. Aunque la Xunta defiende que pueden pagarles cuando quieran vía decreto ley.

Galicia, la tierra de los mil ríos que en realidad vive de espaldas a ellos

LA TROMBA de agua que esta semana arrasó Monterrei y Valdeorras y causó pérdidas millonarias es un desastre natural, impredecible e imparable. Pero las consecuencias de esa tormenta estival sí dependen de la acción y gestión humana. Los ríos Rubín y Búbal se desbordaron, como haría cualquier otro cauce gallego, porque a estas alturas la inmensa mayoría están tapados de maleza y árboles —el de la imagen es el Vea—, formando túneles naturales por donde el agua acelera en las crecidas y es frenada en grandes bolsas de agua que después se rompen y resultan tan peligrosas. La tierra de los mil ríos pide a gritos una nueva normativa para ellos.

Al nacionalismo no le vale un solo techo

ESCRIBÍA ESTA SEMANA con mucho acierto el profesor Suso Veiga que el nacionalismo gallego había demostrado, desde 2012 en Amio, su incapacidad para gestionar diferentes ideologías bajo un mismo techo. Desde la fatídica asamblea en la que el Bloque saltó por los aires, el esquema se ha ido repitiendo en los procesos de Age y En Marea. La duda es saber si tuvo más peso en la autodestrucción de todos ellos el propio debate ideológico interno de facciones muy diferentes o directamente la lucha por hacerse con el poder. Yo me inclino más por lo segundo. Pero ahora toca iniciar una nueva etapa. Amio fue un capítulo extraordinario, pero con el fracaso de Age, aquella división interna de CxG o la ruptura de En Marea el nacionalismo ya tiene experiencia de sobra a sus espaldas para sacar sus propias conclusiones. Y una de ellas es que no tiene sentido tratar de meter con calzador todo bajo el mismo techo. El sueño del nacionalismo reunificado no vale. Lo que sirve es que de una vez por todas aprendan a cooperar, cada uno desde su casa.

Algunos ya ven a Porro de candidata

EL NOMBRAMIENTO de Corina Porro como delegada de la Xunta en Vigo le concederá a la expresidenta del CES y exalcaldesa de la ciudad una plataforma desde la que tratar de contrarrestar a Abel Caballero. Su antecesor en su nuevo cargo, Ignacio López Chaves, no lo consiguió pese a su fama de político beligerante, como tampoco lo pudo hacer Enrique López Veiga desde el Puerto a pesar de su dilatada experiencia. De arranque, el Partido Popular recurre a la que fue la última alcaldesa de derechas en la ciudad de forma provisional para reconstruir el solar en el que está convertido el PP vigués. Pero el hecho de darle la delegación de la Xunta, unido a la falta de cualquier otro referente en la ciudad, ya pone a Porro en el disparadero. Para muchos, le están preparando el camino para ser candidata en 2023, un extremo que ella, siete años más joven que Caballero, rechaza. La clave serán sin duda las autonómicas de 2020, porque si el PP se queda sin su delegación en la ciudad, la operación Porro naufragará.

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