Opinión

Abusos de escándalo

Es llamativo y vergonzoso que las farmacéuticas incluyan en el precio del medicamento oncológico, entre otras valoraciones que hacen, incluso el coste del tiempo de baja laboral que evitan

LA SANIDAD PÚBLICA es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Bienestar Social y también el más sensible a los recortes, situación que la convierte en noticia casi diaria; cuando no es por falta de camas en un hospital es porque la falta de recursos humanos obliga al cierre de un servicio, genera listas de espera interminables o provoca la anulación de 1.200 consultas de pediatría como ocurrió recientemente en Ourense.

El problema de los recortes no afecta solamente a los recursos humanos cuya escasez conllevará a listas de espera, reducción del número de camas o cierre de servicios. Siendo el capítulo de personal una partida importante del presupuesto sanitario, hay otra que tiene un alto precio: los medicamentos. Es esta partida en la intentaré abordar.

La llamada Plataforma No es sano publicó un estudio en el que denunciaba que el precio de los medicamentos oncológicos se había duplicado en 10 años, alcanzando cifras muy difícilmente asumibles para el sistema sanitario, razón por la que la Plataforma insiste en la importancia que tiene la falta de transparencia a la hora de fijar el coste de los fármacos. Esa falta de transparencia que el actual sistema de patentes otorgadas a las farmacéuticas con la finalidad de que recuperen los costes invertidos en investigación, hace que en la realidad "no los podemos conocer porque son secretos y los datos que se publicitan no tienen en cuenta la inversión pública" asegura la Plataforma.

Un ejemplo es el trastuzumab, para cáncer de mama, cuya investigación fue apoyada en gran parte por filántropos y fundaciones y casi el 50 % de los ensayos clínicos se realizaron con presupuesto de universidades, centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro y "hoy es uno de los productos estrella de Roche y ha generado más de 60.000 millones en ventas desde su comercialización", apunta la mencionada Plataforma. También el alemtuzumab de Sanofi, y bevacicumab de Roche, han sido financiados por universidades, centros de investigación y fundaciones sin ánimo de lucro en el 70% y 50% de los ensayos clínicos.

Los informes del Panel de Expertos de la Comisión Europea han demostrado que el coste de la investigación supone el 16% del precio real del medicamento. Frente a estos datos, las farmacéuticas argumentan que debemos pagar por el valor de lo que el medicamento ahorra y no por lo que cuesta. Si eso ocurriera en cualquier otro sector, no sería admitido y se buscaría otra alternativa porque de lo contrario se consideraría una malversación del dinero público.

El Experto en Salud Pública y Políticas Públicas, Fernando Lamata, considera el medicamento un derecho humano y no un producto para especular. Explica en una entrevista por qué diez millones de personas mueren cada año por falta de medicamentos y dio un dato relevante con respecto a España en 2017, cuando por razones económicas más de dos millones de personas no pudieron comprar las medicinas que les recetaron en la sanidad pública.

A las farmacéuticas, el monopolio de las patentes les permite un chantaje que estrangula el sistema teniendo en cuenta el aumento de los casos de cáncer. Es llamativo y vergonzoso que las farmacéuticas incluyan en el precio del medicamento oncológico, entre otras valoraciones que hacen, incluso el coste del tiempo de baja laboral que evitan. Esas patentes les permiten exigir el máximo precio posible, como afirmaba un alto directivo de la Pisa Farmacéutica Chile, “todo lo que el cliente pueda pagar”.

En 1916 el Director General de Farmacia del Sistema Nacional de Salud declaró que no sabían cuanto les costaban a las farmacéuticas los medicamentos que nos venden, lo cual supone pagar lo que pidan, sin conocimiento del coste real de lo que se está comprando. “Pagamos millones sin saber el coste real”, decía. Fernando Lamata aboga por que se pague, como sucede con otros sectores, la parte de investigación, el coste de los elementos y un razonable beneficio, pero no el mil por mil como ocurre diariamente.

En España los medicamentos se pagan en base a la fijación de precios que establecen el Gobierno y Farmacéutica, pero nos encontramos con abusos como el caso del Herceptin o el Abastin, que a España le cuestan 579 y 1.273 euros respectivamente, mientras que el Reino Unido paga 478 euros por el primero y 894 por el segundo, según datos de la Diputada Marta Sibina, que aboga por un cambio del mecanismo de compra y la implantación del sistema de subasta, defendido también por otros técnicos.

El Gobierno debería ponerse firme y parar los pies a las farmacéuticas porque cada día es más obvio que tienen un comportamiento escandaloso.

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