El desarrollo económico mal planificado tiene consecuencias nocivas y a veces muy graves porque puede llevar a situaciones que difícilmente tengan vuelta atrás. Cuando se alerta del peligro de la contaminación del suelo y de las aguas que provocan los vertidos contaminantes de determinadas industrias, o de los efectos destructivos de la explotación de las minas a cielo abierto, las plantaciones de eucaliptos e incluso la creación de los parques eólicos no se hace en vano, porque se trata de actividades que van a inutilizar esas tierras para la explotación agrícola sostenible o la ganadería extensiva.
Cualquiera de las actividades expuestas y de las que existen propuestas para que corporaciones extranjeras las desarrollen en Galicia, van a condicionar de manera irreversible el desarrollo rural de la Comunidad y poner en jaque para el futuro dos cuestiones fundamentales como son la soberanía alimentaria y del agua.
Todos sabemos de la laxitud que existe en España para el cumplimiento de las normas ambientales; el marco institucional para hacer que se cumplan es muy débil, a juicio de Ana Barreira, Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que se queja de que las trasposiciones de las directivas de la U. E. se hacen "tarde y de una forma poco adecuada". Ecologistas en Acción aseguran que en nuestro país "la impunidad tiene un carácter más estructural" ya que faltan medios materiales y humanos para controlar este tipo de delitos, es decir, se requieren técnicos de distintas especialidades para demostrar los daños, lo cual dificulta que se puedan llegar a interponer recursos frente a los infractores y "para cuando se logra llegar a una sentencia firme puede pasar mucho tiempo y los daños ya son irreparables".
España volvió a estar a la cabeza de los países de la U. E. con más infracciones ambientales abiertas en 2020, contabilizando 451 y un ascenso del 57% en la vulneración de las normativas europeas en materia de medio ambiente en tan solo 5 años. Desde luego, con los ratios de eficacia expuestos, no hay garantía de que las explotaciones propuestas para Galicia no vayan a suponer un desastre irreversible.
Veamos por qué debemos tener estas consideraciones en cuenta. Ecoloxistas en Acción y la Rede para o Decrecemento Galiza, Navia e Bierzo vienen haciendo advertencias sobre la necesidad de planificar un consumo energético racional, fomentar el decrecimiento progresivo, la producción ecológica y el consumo de proximidad.
Recientemente, el Instituto de Resiliencia que forma parte del Centro de Saberes para la Sustentabilidad ha emitido un informe a la Comisión para la reactivación Económica, Social y Cultural de Galicia titulado Resiliencia, Reagrarización y Postcrecimiento en la Galicia postcovid. El informe propone al Parlamento la reagrarización de Galicia para salvar la economía y aboga por recuperar la importancia de la agricultura gallega como estrategia económica en la postpandemia.
En su análisis el Instituto de Resiliencia advierte de la existencia de una crisis energética y descarta la apuesta por primar proyectos de digitalización en los fondos europeos que se llevarán a cabo durante 2021.
La importancia de relanzar la agricultura multicultivo cuando nos hallamos a las puertas de la crisis energética se basa en que la agricultura industrializada depende del transporte y tanto por razones de la escasez de petróleo, como por el encarecimiento que supondrá y las restricciones que serán necesarias por razones medioambientales, las actuales distancias entre el productor y el consumidor se volverán insostenibles.
El actual sistema agroalimentario mundial se basa en grandes extensiones de monocultivos e implica la emisión de millones de toneladas de CO2 para su transporte y los productos importados por España deben viajar una media de 3.827 km para llegar del productor al consumidor. Los garbanzos viajan una media de 7.000 km para llegar a nuestras fronteras según datos de Amigos de la Tierra.
Otro de los peligros que apunta el mencionado informe del Instituto de Resiliencia es el riesgo de prolongación de la pandemia e incluso de otras futuras. Ese riesgo que también lo apuntan algunos expertos en economía y comercio internacional, ya comienza a dar señales: encarecimiento del 7% del precio de algunos alimentos y probable escasez de otros.
Por otra parte si las energías renovables solo podrían alcanzar entre el 30-40% de la energía necesaria para las ciudades industrializadas no queda otra opción que adecuar la economía al decrecimiento necesario para evitar la quiebra.
Si tenemos en cuenta el contexto parece justificada la propuesta de replantear la planificación del desarrollo económico de Galicia y priorizar la reagrarización frente a la digitalización y la implementación del 5G, que también supone un alto consumo de energía. Y desde luego si vamos a tener parques eólicos, que pertenezcan a la Comunidad y no a empresas extrajeras o a otros Estados como Italia, (Endesa), o Noruega, (Startkraft). En esto también tiene que implicarse el Ministerio para la Transición Ecológica y poner el Norte de España a disposición de países extranjeros.
Pero para "Reagrarizar Galicia", también habrá que reconsiderar los proyectos de minería y la extensión de las plantaciones de eucaliptos, entre otras actividades que puedan provocar daños irreversibles para la agricultura y la ganadería.
Se está echando de menos el debate social sobre cuestiones que van a afectar profundamente a nuestro futuro y a la calidad de vida de la ciudadanía.
