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El derecho a la información

Al hablar del derecho a la información nos tiene que remitir necesariamente al derecho a la información veraz, o no se estará cumpliendo el derecho a la información.

La Constitución Española consagra el derecho a la información, la libertad de expresión de los medios de comunicación y la pluralidad de medios.

Según el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión de la UE, en su informe sobre el Estado de Derecho en 2020, pese a que España tiene una legislación progresista y un marco jurídico integral que garantiza el pluralismo de los medios de comunicación, la TV y la radio están sujetas a requisitos más estrictos que los medios escritos en cuanto a transparencia de la titularidad, pues estos últimos, si bien están inscritos en el Registro Mercantil como cualquier otro tipo de empresa y la información es pública, resulta difícil de comprender para el público en general e incluso para los expertos.

La transparencia en la titularidad de los medios de comunicación está consagrada en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Esta Ley crea un Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual que debe reflejar el capital social y los accionistas con porcentajes significativos; un organismo independiente único asume la función de regulador audiovisual, cuyas competencias recaen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Pese a esta reglamentación, el grupo de trabajo ha constatado la preocupación de la sociedad civil por la libertad de la información, cuestión que también vienen demandando varias ONG, basándose en algunos aspectos de las reformas al respecto.

Aunque la Constitución establece los principios básicos que constituyen el marco de la protección de los periodistas al consagrar la libertad de prensa y de expresión y el derecho de acceder a documentos que obren en poder de las autoridades públicas, el informe de la Comisión constata que, en los últimos años, se han registrado casos de hostilidad e incluso situaciones de amenazas o violencia contra periodistas. Sin necesidad de acudir al mencionado informe, ¿quién no conoce casos de veto a periodistas que se han atrevido a informar sobre determinados temas apartándose de la línea oficial de la cadena?

La libertad de información es un gran antídoto contra la corrupción. La encuesta especial del Eurobarómetro de 2020 sobre la corrupción, constata que el 94% de los consultados afirmó que la corrupción está muy extendida y, el 58% señaló que se vio afectado personalmente por ella. En cuanto a los datos que aporta sobre la opinión de empresas españolas, el 88% de nuestras empresas consideran que la corrupción está bastante extendida y el 52% lo considera un problema para hacer negocios. Esta percepción de la corrupción es mayor en España que en el resto de Europa, (en el caso de las empresas, un 15% mayor en España).

A ningún tipo de corrupción, sea en el ámbito que sea, le viene bien que el delito salga a la luz; es obvio por lo tanto que corrupción y delitos que los poderosos necesitan que permanezcan ocultos en aras de sus intereses, son enemigos acérrimos de la libertad de información. Como dice el académico Noam Chomsky, el poder crece en la sombra y decrece a la luz porque el poder necesita obscuridad y, el pueblo informado tiene la capacidad de desvanecer el poder.

Tal vez por eso no se ha implantado una estrategia global específica de lucha contra la corrupción y el 21% de las empresas españolas cree que las personas y empresas que se han descubierto culpables de casos de cohecho no han sido debidamente sancionadas; una vez más, la media de la UE, (31%), es más crítica con el nivel de penalización aplicado.

Los intereses políticos y económicos, (ambos van relacionados), son enemigos de la información y la transparencia. En los Acuerdos de Libre Comercio, el bien protegido son los intereses de los inversores; esa clave explica la falta de información y debate público sobre los mismos, porque se gestan entre una parte de la representación política, los abogados de las corporaciones implicadas y los lobistas que reparten dinero comprando voluntades y vendiendo informes al servicio de las mismas.

El juicio a J. Assange es para muchos un juicio contra las prioridades del gobierno, por mucho que se lo quiera calificar de espionaje; así lo consideran muchos académicos, informáticos, periodistas e incluso políticos, porque como dice Samuel Huntington «los estrategas del poder de EE UU deben crear una fuerza que pueda sentirse pero no verse», porque el poder se mantiene fuerte en la obscuridad. Y EE UU vende sus intervenciones militares detrás de otras pantallas, cosa que viene haciendo desde la Doctrina Truman.

Esas son las razones por las que la transparencia sobre quienes están detrás de los medios de comunicación es tan importante, porque son quienes tienen el poder de marcar las pautas y el contenido de la información para crear la opinión pública.

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