Cuando la política se convierte en una lucha por situarse en el poder y, en lugar de luchar por el bien común se busca el interés de quien ostenta el cargo público, al pueblo solo le quedan dos caminos: sucumbir a la desigualdad y a la esclavitud dándose por vencido, o unirse a los movimientos cívicos en la reivindicación de sus derechos y en la lucha por un modelo de sociedad más justa.
El Poder nunca regala nada y de sobra es sabido que los poderosos ejercen sus acciones en pro de sus privilegios; privilegios que se sustentan a hombros de la ciudadanía explotada.
Desgraciadamente, los intereses de los poderosos están muy bien defendidos por las fuerzas políticas de derechas, esas mismas que defienden a ultranza el neocapitalismo, la maximización del beneficio de las grandes corporaciones y el capital financiero y la privatización de los servicios públicos.
Es algo que ya venimos padeciendo cada vez en mayor medida en la sanidad, las residencias de mayores y la ayuda a la dependencia, o en la educación; menciono estos ámbitos solamente por poner ejemplos que a todos nos afectan de una forma importante para nuestra calidad de vida y en los que ya hemos podido comprobar cómo el trasvase de dinero público a la gestión privada en ambos sectores causa verdaderos estragos, evidentes en la reducción de la calidad de las prestaciones si las comparamos con los estándares que restaban esos servicios cuando la gestión era solamente pública.
En estos momentos, si hablamos de la asistencia sanitaria, los tiempos de espera y la falta de profesionales hacen que muchas enfermedades se agraven y, si se computaran las muertes causadas por dichas esperas, las cifras serían cuantiosas. Meses de espera para hacer una prueba y casi un año para la cita de evaluación de la misma traen estos lodos.
De un sistema de salud de los mejores del mundo y modelo en cuanto a calidad/precio, referente en trasplantes y otros campos, el resultado de la privatización paulatina y los recortes nos ha llevado a esto. Incluso los seguros privados han subido los precios y rebajado muchos estándares de calidad al no tener que competir la calidad que tenía antes la asistencia sanitaria pública.
El Poder nunca regala nada y de sobra es sabido que los poderosos ejercen sus acciones en pro de sus privilegios; privilegios que se sustentan a hombros de la ciudadanía explotada
Si se trata de las residencias de mayores, creo que ya se han mostrado evidencias suficientes de las deficiencias y mal trato que padecen las personas residentes, pese a que reciban dinero público para su funcionamiento. Fueron muchas las muertes y en condiciones horribles producidas en ellas durante la pandemia, al negar a los mayores el derecho constitucional a la no discriminación y privarles de la asistencia sanitaria a la que tenían derecho. Una discriminación por edad imperdonable. La Fiscalía no debería olvidar la exigencia firme de la responsabilidad por estas muertes, como tampoco debe ser sorda y ciega a la desnutrición y la carencia de la debida atención, tantas veces denunciada, que viven los mayores en la gran mayoría de ellas. Porque lo que prima en las residencias privadas y concertadas es el beneficio del empresario por encima de cualquier otra consideración y es evidente que, cuando se privatiza un servicio público o su gestión, el empresario aspira a quedarse con parte del dinero público asignado al encargo. Y cuando vemos como se amenaza o toma represalias contra los residentes que denuncian deficiencias de escándalo, porque les va la vida en ello, o los familiares que protestan por las deficientes condiciones en las que está su familiar, la verdad es que da miedo hacerse mayor.
Todo eso forma parte del adelgazamiento del Estado y la minimalización de los servicios públicos que, junto con la destrucción paulatina del Estado del Bienestar, tanto le gusta a la derecha.
La oposición no está por gastar dinero en los más desprotegidos, ni porque los más ricos paguen más impuestos. Por esa razón trata de regalarle el oído al pueblo y desgastar al actual Gobierno de cara a las próximas elecciones; y lo hace tratando de matar dos pájaros de un tiro, porque a la vez que trata de descalificar sus actuaciones y propuestas ante la opinión pública, (para eso cuenta con bastantes medios para confundir y torcer la opinión social), vende la falacia de lo que ganaríamos todos, sobre todo los peor situados, si la bajada de impuestos tal como la promueve la derecha se llegase a implantar.
Lo que la mayoría de la población ignora, o no quiere saber, es que si se bajan los impuestos tal como propone la derecha, ese adelgazamiento de los ingresos del Estado repercutiría en los Presupuestos Generales dificultando la dotación para el buen funcionamiento de la Administración del Estado y los servicios públicos antes mencionados, que nos afectan a todos pero de forma más acuciante a los más débiles.
No se debería olvidar que cuando la derecha pretende convencer a la ciudadanía de que con la inflación el Gobierno aumenta sus ingresos, (en primer lugar es el Estado el que recibe esa recaudación, matiz importante), ese dinero no se destina al bolsillo del Gobierno sino a cubrir necesidades sociales derivadas de la pandemia, la crisis energética y climática y a paliar sus peores consecuencias en la economía dañada y en la sociedad, sin olvidar a nadie. Con dinero de la recaudación fiscal se pagaron los ERTEs, las ayudas a damnificados, subvenciones de combustible, etc.
Se podrán hacer muchas críticas al Gobierno, sobre todo a toro pasado, porque con calma y comprobados los resultados, casi siempre hay algo mejorable, al menos en algún aspecto, ¿pero qué hubiera pasado sin las medidas que tomó el Gobierno? ¿Qué pasaría si los ERTEs no hubiesen evitado despidos masivos? Claro que a quién nada aportó nada se le puede criticar; porque la derecha, por no apoyar no apoyó ni los ERTEs.
Tampoco hay que olvidar que muchas de las deficiencias y retrasos que se detectaron en algunas tramitaciones y muchas otras que persisten en el día a día, al margen de las causadas por la propia pandemia, tienen que ver con ese adelgazamiento del aparato administrativo del Estado que tanto gusta a los neoliberales pero cuyas consecuencias padecemos los ciudadanos.
No es buen momento para una bajada general de los impuestos que propone el PP porque, como se puede observar, puede traernos consecuencias bastante más caras que lo que podríamos ahorrar, sobre todo a las clases menos favorecidas. Una bajada de impuestos que haga más ricos a los mejor situados y conlleve la pérdida de ciertas coberturas a la clase trabajadora y la socialmente peor situada no parece éticamente defendible.
Lo razonable y justo pasa por una reforma fiscal equilibrada para que quienes más tienen contribuyan más a esta crisis, y sobre todo, a las corporaciones que están multiplicando sus beneficios en plena crisis y provocando una injusta subida de precios, aunque de esto habría mucho que hablar porque hay subidas absolutamente injustificables.
Por otra parte, ese aumento en la recaudación estatal que tanto preocupa a la derecha, se lo comerán en parte los intereses de la deuda, (que subirán como consecuencia de la subida de los tipos de interés); una deuda que este país arrastra desde crisis anteriores y que tendremos que pagar, ¿o acaso la derecha no piensa hacerlo? Creo que nos conviene a todos menos guerra y más Justicia.
