ESPAÑA ESTÁ patas arriba y, una de las múltiples cuestiones que da fundamento a esta situación, es la falta de respeto institucional.
Si aun con todo lo que está pasando, no fuese suficiente, la nueva ocurrencia es la del uso de las lenguas cooficiales en la casa de todo el pueblo español, el Congreso de los Diputados. Sin duda alguna este tema ya lo venían maquinando desde el PSOE, cuando propusieron como candidata a la presidencia de la Cámara Baja a la musa del nacionalismo sanchista.
Francina Armengol. Francina no llegó de casualidad a ostentar la responsabilidad como la tercera autoridad del estado. Según varias fuentes a las que tuve acceso, confirmaron una noticia publicada a finales de agosto, días después de haber superado la votación en el Congreso y hacerse con la presidencia de dicha cámara.
En un principio, y tras tener la certeza de la pérdida del gobierno autonómico de las Islas Baleares, desde Madrid se barajó la posibilidad de enviarla al Senado; al igual que no pocos «varones» que perdieron las elecciones en sus feudos, teniendo que dejar sus tronos autonómicos; como por ejemplo los también ex presidentes de Aragón, Francisco Javier Lambán; de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; así como la expresidenta riojana, Concha Andreu, y el líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas. Pero Pedro Sánchez tenía otros planes para ella, debido a su buena relación con el prófugo Puigdemont; por ello la incluyó en las listas al Congreso de los Diputados.
Una vez electa y, preparando las negociaciones más que discretas previas a la conformación de la mesa del Congreso, encabezadas éstas por Feliz Bolaños; en las correspondientes con los diputados de Junts, concretamente con el secretario general de Jordi Turull, y la portavoz del partido Miriam Nogueras y, en línea directa con el «gran jefe» fugitivo en Waterloo, el nombre de Francina Armengol, no sonó nada mal.
Esta jugada de carambola elevó a dicha responsabilidad a Armengol, la cual y desde un principio, ya atisbaba intenciones plurinacionales a la hora de encarar su nueva andadura. La primera de las ocurrencias, que vayan a saber ustedes las siguiente que nos puede deparar, es la del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados.
A ver cómo les van a explicar a la ciudadanía española que lo que es normal en la calle, es algo anormal en el Congreso. Y lo que es más grave todavía, el nada desdeñable gasto innecesario que va a suponer; así como el cambio radical en la organización administrativa, reglamentaria y de funcionamiento diario en la sede de la soberanía popular en la carrera de San Jerónimo.
Para seguir abultando este cúmulo de desatinos, la ya presidenta Armengol, "sin encomendarse ni a Dios ni al diablo", este pasado miércoles día 13 de septiembre se salta los trámites para permitir el uso de lenguas cooficiales; y lo hace aplicando el rodillo, sin diálogo, de forma unilateral. Ya que no ha consultado a la Junta de Portavoces, ni al Pleno y, además, lo hace antes de cambiar el Reglamento del Congreso de los Diputados.
Lo que tiñe a esta cuestión de una más que posible «ilegalidad», porque el artículo 32 del Reglamento recoge que «corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces», es decir, ambos órganos, no sólo el órgano rector de la Cámara.
El Partido Popular ya se manifestó a principios de agosto cuando tan sólo era una propuesta planteada desde «la formación de 18 formaciones políticas», Sumar; y en palabras de su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, muy contundente al respecto, no dudó en criticar dicha propuesta y cito sus palabras textuales: Se trata de un debate estéril, de una cortina de humo… Además, esta cuestión puede «dividir» a la sociedad. Las lenguas están para comunicarnos, no para enfrentarnos".
En la misma línea el pasado viernes día 15 de septiembre, un grupo nada desdeñable de exparla- mentarios del PSOE, entre los que se encuentran tres exministros y dos expresidentes del Senado (como Juan José Laborda y Javier Rojo) han pedido a la presidenta Armengol, que frene la iniciativa de uso las lenguas cooficiales en el Congreso. A este escrito elevado a la Presidenta el Congreso, se sumaron 37 exdirigentes del PP, y destacados miembros de los extintos partidos Unión de Centro Democrático (UCD) y Unión Progreso y Democracia (UPyD). Todos ellos al unísono consideran que la medida «contradice la Constitución, no se adecua a nuestra realidad lingüística» y es un "trágala inaceptable".
En mi modesta opinión, secundo de manera absoluta las dadas por las personas citadas en estos dos párrafos anteriores, a lo que añado la calificación de «craso error». Ya que, para esa cuestión, y en caso de ser estrictamente necesario que lo dudo, existe la posibilidad en la Cámara de Representación territorial, el Senado, en cuyo seno no es la primera vez que se llevaba a término esa práctica. Y sinceramente les transmito, cómo que no veo yo a diputados vascos, por ejemplo, con un «pinganillo» cuando otro diputado conciudadano se dirija a la Cámara en euskera…
Completando esta información, indicarles que además del catalán, el euskera y el gallego, «sus señorías» podrán expresarse en aragonés, asturiano y aranés. Pero, en estos casos, los diputados tendrán que recurrir a la «auto traducción ». ¿Se imaginan ustedes en esta situación? Todo un despropósito más digno de una comedia (aunque gracia alguna no tiene) que, de la seriedad de una institución soberana, la de todo el pueblo español en su conjunto. En dónde se deja de lado lo que nos une a todos, nuestro idioma común que es el castellano; una práctica en aras de la reconstrucción de una nueva leyenda de «confusión de lenguas»; con el objetivo y en el empeño de hacer del Congreso de los Diputados una nueva Torre de Babel.
