Parece que sigue molestando que Alberto Núñez Feijóo hubiese conseguido directamente del pueblo una cuarta mayoría absoluta. Hecho visibilizado de forma especial estas últimas semanas a través de varias manifestaciones, en donde enarbolaban cual grímpolas, pancartas con textos tales como “Ley Auschwitz”, y jaleadas desde diversos blogs, que pretenden sin serlo ni de lejos diarios digitales, los cuales daban entrada a sus “informaciones”, también con enunciados del calibre de “Llega la Galicia Hitleriana”…etc.
En esta época de pandemia en la cual la mente de las personas está sufriendo diversos ataques, que no dudo tendrán secuelas, el de la sobreinformación produce no pocas situaciones de desesperación y desconcierto en todos y cada uno de los ciudadanos de a pie; especialmente por la falta de encuadre de la afirmaciones generadas por unos y por otros que están produciendo una la situación de hartazgo tal, que el resultado deriva hacia derroteros de comportamiento anárquico y de crispación generalizada, cuando y con la que sigue cayendo, debería de ser al contrario; ya que las personas lo que necesitan son certezas, verdades y un ápice de esperanza y sosiego. Pues aquí de berrinche en berrinche y de jaleo en jaleo los de siempre, con el fin de sembrar dudas.
Efectivamente nuestros derechos fundamentales están siendo coartados desde el minuto uno de la declaración del “estado de alarma” en España (va a hacer un año), y a mayores en el “estado de excepción” que estamos viviendo (le llamen como le quieran llamar desde el Gobierno de España, porque al final están haciendo de la legislación un traje a medida para sus intereses anteponiendo lo partidario a lo colectivo); es lo que toca en una situación sin parangón; y en ese mismo orden de cosas tenemos que pensar que necesitan un amparo judicial.
El deber del legislador competente es el de facilitar el trabajo de interpretación de medidas por parte de estos órganos judiciales que deben ratificar una legalidad hoy difusa, y así es lo que se ha emprendido desde la Xunta de Galicia para dar cuerpo a la reforma de la ya existente Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia.
Los representantes que conforman la mayoría absoluta que el pueblo gallego le confirió, han votado una reforma de dicha ley con el objeto de “gestionar la pandemia” ateniéndose a un marco legal que le confiere la propia Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública de España, ni más ni menos.
La cuestión es bien sencilla, aunque y como siempre, ahí están los alborotadores a sueldo para abrir las fisuras de la duda y escupir las gotas necesarias de ignominia para dejar “tocado” desde un principio, al gobernante (quien sea) que piensa en grande y en la gente sobre la cual recae su responsabilidad de gobierno. Veamos.
Desde las distintas administraciones territoriales ya de estos casi 12 meses de pandemia COVID-19, se ha insistido hasta la saciedad en la acuciante necesidad de que España tenga una legislación sanitaria para hacer frente a un problema salubre de estas dimensiones; en especial por dos cuestiones. La primera de ellas, para dar seguridad jurídica a quien la aplica y al que se le aplica; la segunda, para que impere un principio de no discriminación ante todas y cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas con el objeto de no tener doctrinas distintas en Tribunales superiores para las mismas causas.
Con tal fin la Xunta de Galicia ya en 2020, envió un borrador de reforma para la Ley de Salud Pública al Gobierno de España, con el objeto de cooperar con el Gobierno de España a raíz de los encuentros telemáticos que mantenían el Presidente Sánchez con todos los de los ejecutivos autonómicos. Pero ante la desidia y falta de respuesta del Gobierno central, en Galicia se consideró oportuno tener un amparo legal para ofrecer las máximas garantías y contar con la máxima seguridad jurídica a la hora de tomar decisiones. Humildemente lo considero el deber de cualquiera legislador responsable.
Así llegamos a la aprobación de la ampliación de la ya existente Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia; y no es ninguna norma persecutoria y totalitaria como quieren hacer creer algunos practicando su habitual demagogia, en especial ante las miles de personas que no se han leído dicho texto legal y arrimar el ascua a su sardina a quien más le conviene en este momento en vez de pensar en la gente. Es una norma creada para para gestionar pandemias y amparar las medidas necesarias.
Ahora yo lanzo estas reflexiones: ¿les parece razonable una sanción a un ciudadano que debe cumplir cuarentena, si se la salta motu proprio?; ¿les parece razonable una sanción a quienes se salten a la torera el circular sin mascarilla cuando es obligatorio en una situación de máximo riesgo como una pandemia?; ¿les parece un ataque a los derechos fundamentales solicitar a un ciudadano que teniendo síntomas compatibles con una grave enfermedad infecto-contagiosa y en medio de una se haga la prueba?. Yo considero que no deberían quedar impunes.
Ahora vamos con otro tema importante, LA LEY NO OBLIGA LA VACUNACIÓN. Las CCAA no tienen competencia para ello, en lo que sí se ha trabajado es en una previsión en caso de que las autoridades competentes decidan que una vacuna sea obligatoria; lo que nos lleva a abrir un debate sobre si lo más importante es preservar la salud de la sociedad que nunca debe de estar en peligro por la decisión unilateral de un tercero, o no. De todas formas que no nos engañen, porque de hecho esta ley gallega remite a la autorización judicial para tomar determinadas decisiones, como ésta, ya que afectan a los derechos y libertades.
Pero seguimos en las mismas, y esta Pandemia aún con casi 100.000 en España parece no haber cambiado nada; ya que en una situación tal es el momento de remar en la misma dirección para intentar proteger la salud de todos los gallegos y gallegas. Ya habrá tiempo de sobra para lo otro.
Una cuestión es discrepar, y otra muy distinta lo que se está haciendo. Visto lo visto la gente no importa, el objetivo es Feijóo.
