LA MAYORÍA de los concellos de España, incluido el de Marín, están alerta por las consecuencias que traerá la privatización de los Registros Civiles que a partir del julio y si alguien no lo remedia pasarán a manos de los registradores de la propiedad con los perjuicios que ello supone para la sociedad. Si rastreamos por la red encontraremos infinidad de protestas de distintos sectores: funcionarios de la administración de Justicia, ayuntamientos, partidos políticos al otro lado del PP (dicen que la ley es un regalo de Rajoy a los registradores de la propiedad, titularidad profesional del presidente y de dos de sus hermanos), asociaciones de vecinos y comerciantes, etc. Todos a una rechazan la nueva normativa por las graves consecuencias que reportará a la ciudadanía una vez entre en vigor.
Con la desaparición de los Registros Civiles muchas poblaciones, y entre ellas Marín, verán como un servicio público y gratuito se convierte en un negocio para los registradores de la propiedad ya que habrá que pagar por: el libro de familia, certificados de matrimonio, defunción y nacimiento, y por otros muchos servicios que hasta ahora son gratuitos (bien entendido que los pagamos con los impuestos de todos los contribuyentes). Además y esto es lo que preocupa, muchos ayuntamientos verán como pierden sus Registros Civiles que se concentrarán en las capitales, –en el caso del de Marín pasará a Pontevedra–, lo que obligará a realizar incómodos y costosos desplazamientos.
Hay quien me aclara que "no puede hablarse de privatización ya que los trámites que se realizan en el Registro Civil seguirán siendo gratuitos –nacimiento y defunción– si bien otros pueden tener tasas –matrimonio, fe de vida, etc– que se estiman en 20 euros en las certificaciones y de 100 euros en la apertura de expedientes".
Contra esta medida hay sectores sociales y políticos marinenses que ya han alzado la voz como el grupo municipal del BNG, los comerciantes de Estrela de Marín y algún que otro partido emergente como Marea Vecinal al que muy pronto se unirá una plataforma vecinal que se organizará en una xuntanza convocada para su celebración el próximo miércoles en la Biblioteca Municipal. Todos rechazan que Marín se quede sin su Registro Civil, y todos denuncian que en tiempos de crisis tengamos que pagar por unos servicios que hasta ahora gozaba de total gratuidad y cuyos aranceles servirán de insultante negocio para os rexistradores da propiedade como así lo vienen denunciando los sindicatos de funcionarios de Justicia.
Volviendo a la preocupación existente en Marín habría que decir que de momento el grupo de gobierno (PP) nada dice al respecto a pesar de que los nacionalistas y los mareavecinales culpan a la alcaldesa, no sin cierta demagogia, de mantenerse impasible ante la que se avecina. Será en el próximo pleno cuando María Ramallo someterá al consenso de todos los grupos un acuerdo para instar la permanencia del Registro Civil en Marín. Ojalá prospere.
