EL INDEPENDENTISMO que gobierna aprueba la senda del déficit propuesta por el Gobierno, mientras el independentismo que patalea incendia la calle con ocasión del 21-D, primer aniversario de las últimas elecciones catalanes y fecha de un Consejo de Ministros en el corazón de la vieja Barcelona.
Con la votación del jueves en el Congreso, que aprobó un déficit presupuestario del 1,8%, los republicanos de Junqueras y los neoconvergentes de Puigdemont han expresado su disposición al diálogo sobre sus demandas políticas. La principal, un referéndum pactado.
El apoyo de los 17 votos del nacionalismo catalán en el Congreso, sumados Podemos y PNV, es una reactualización del tambaleante bloque parlamentario que hizo presidente a Sánchez tras la moción de censura contra Rajoy.
Como eso había ocurrido horas antes del encuentro de Sánchez y Torra en Barcelona, esperaban los portavoces del nacionalismo que su gesto fuera compensado con otros por el presidente del Gobierno. Dicho y hecho. Companys y Tarradellas lo agradecerán desde sus tumbas, aunque no sabemos si será suficiente para allanar el camino hacia la aprobación de los PGE con la misma mayoría que echó a Rajoy de La Moncloa.
Cuando el independentismo reclama gestos al Gobierno ya se sabe por dónde va. Quiere que el Estado eche una mano a la hora de poner en cuestión su propia supervivencia, pues de eso se trataría en una eventual consulta a los catalanes para saber si hay una mayoría dispuesta a crear una legalidad alternativa a la que está diseñada en la Constitución.
He ahí una línea roja trazada por Sánchez de forma concluyente: todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución, aunque esta vez ha preferido hablar de "marco jurídico". No se sabe ya si sigue vigente lo de "autogobierno, sí; independencia, no". Hasta este viernes eran las marcas del terreno de juego para encajar el compromiso de "buscar una propuesta política con amplio apoyo de la sociedad catalana", alcanzado el jueves por la noche por Pedro Sánchez y Quim Torra.
Nada nuevo en realidad. Las novedades, en todo caso, tendrán que ver con el vandalismo y las alteraciones del orden público en Cataluña durante la jornada del viernes, y con la responsabilidad penal que pueden contraer quienes han coartado y puesto obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo de Ministros.
