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Desafío al Estado

A MEDIDA que vamos conociendo más acerca de la personalidad de Joaquim Torra, crece el estupor que provoca que un individuo racista y xenófobo haya podido ser elegido presidente de la Generalitat de Cataluña. Quienes se han plegado al dictado del prófugo Carles Puigdemont y le han votado no tardarán en lamentar su complacencia con un personaje que en Alemania o Austria, sin ir más lejos, podría haber sido procesado por el contenido racista y xenófobo de algunos de sus escritos. Un tipo capaz de llamar 'bestias', 'víboras', 'hienas' y 'carroñeros', 'con baches en la cadena del ADN' a todos los españoles, es, a todas luces, un sujeto indeseable. Cuesta entender que un endino como este vaya a ser ratificado por el Rey como presidente de la Generalitat y, en consecuencia, primer representante del Estado en Cataluña.

Estamos ante un panorama político que va más allá de la incertidumbre. En su discurso de aceptación del mandato, Torra reiteró su intención de poner en marcha las leyes de desconexión (declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional) y validar la declaración unilateral de independencia y la proclamada república catalana.

Anuncia, pues, un desafío al Estado y a sus instituciones que no debería ser tolerado por el Gobierno de España, cuyo principal cometido es el de cumplir y hacer cumplir las leyes. Esta vez, el Ejecutivo no puede dejarse sorprender por los sediciosos como ocurrió en el otoño del 2017. En un primer momento, Mariano Rajoy creyó que los separatistas no se atreverían a ir tan lejos. Un error de apreciación hasta cierto punto comprensible porque entre ellos se encontraban los antiguos convergentes que habían sido los socios en los que el PP se había apoyado en el Congreso para sacar adelante leyes tales como la Reforma Laboral. Por eso al Gobierno le pillaron en fuera de juego con la consulta del 1 de Octubre y las urnas que el CNI no supo interceptar.

Después, aplicado el 155 (qué costó porque al principio Rajoy dudaba y con él, Sánchez y Rivera), se normalizó la situación en Cataluña. Pero con la perspectiva que otorga el tiempo, hoy podemos concluir que no fue acertada una convocatoria de elecciones tan temprana y con una Ley Electoral tan manifiestamente escorada. Debería haberse dado más tiempo al tiempo. Pero estamos ya dónde estamos y ante el desafío al Estado de Derecho que se desprende de los planes del nuevo presidente de la Generalitat cabe esperar que si Torra y el Govern pasan de las palabras a los hechos, el Gobierno que preside Mariano Rajoy entenderá que habrá llegado el momento de responder también con hechos. Hasta en cuatro ocasiones y durante un total de cinco años suspendió el Gobierno Británico la autonomía de Irlanda del Norte y nadie dudó, ni entonces ni ahora, de que el Reino Unido es un país democrático.

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