ESTAS SEMANAS han sido pródigas y contradictorias las noticias sobre la suerte judicial y las consecuencias de haber cumplido o no sus obligaciones fiscales del rey honorífico, desde que abdicó la Corona, no sin antes habernos dejado el mensaje de que pensaba seguir al frente de su empleo como primer empleado del Estado, donde auguraba comprometerse con la ejemplaridad que reclamaba para los demás. Pero la Casa Real parece tranquila y segura de que todo va a quedar en nada. Inicialmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo sostenía que Juan Carlos hubiera podido haber cobrado "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales", sospecha desprendida de comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas, que mantienen abierta una investigación sobre la fundación Zagatka. Se trataba del llamado Caso Majestad, investigado por el fiscal Suizo Yves Bertossa. Zagatka fue fundada en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, quien le sufragó gastos de vuelos privados por importe de 8 millones de euros.
Lo cierto es que Juan Carlos I aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio de 2021, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a ex monarca y a sus tres hijos como beneficiarios. En su día, se entendió que la marcha de España del rey honorífico era la única salida al trascender la naturaleza negocios y sinecuras en el extranjero al margen de sus obligaciones como cualquier contribuyente español con residencia oficial en este país. Además, era la primera vez que el ministerio público se pronuncia sobre el origen de dinero del anterior rey que pudiera tener oculto en paraísos fiscales lo que derivaría en la posible comisión, dado su origen, de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias para obtener los capitales.
El asunto daría un nuevo giro, cuando, hace unos días, a Fiscalía General del Estado emitía una nota pública en la que rebajaba de modo notable el sentido acusatorio del motivo de la comisión rogatoria enviada a las autoridades suizas el pasado febrero, donde se apuntaba al rey honorífico como posible perceptor de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". El pasado 21 de septiembre, la Administración Tributaria de Liechtenstein enviara la respuesta a los datos requeridos, en el sentido de que Juan Carlos ya no era beneficiario de la Fundación Zagatka. Tal circunstancia no desmentía otras evidencias, los beneficios que el rey honorífi co estuvo obteniendo de esta fundación a través de la cual se pagaron sus viajes y como eran rentas de las que se benefi - ció y de las que no diera cuenta a hacienda en su momento, hubo de llevar a cabo regularizaciones por importe total, en dos tramos, del orden de los más cinco millones de euros para no ser acusado de delito fi scal. Pero el que ahora no sea benefi ciario de Zagatka no quiere decir que no lo fuera.
Se supo que los abogados del Rey honorífico habían sido avisados con anterioridad de que se había habían abierto tres investigaciones sobre el origen de su patrimonio por parte del teniente fiscal del Tribunal Supremo en junio, noviembre y diciembre de 2020. La estrategia de defensa del abogado de Juan Carlos se agarró a falta de requerimiento previo, como excusa absolutoria, pero, aunque no hubiera requerimiento, sí sabían que se investigaba a Juan Carlos.
La famosa comisión rogatoria, del pasado 24 de febrero de 2020, aunque no se supo de ella hasta el 3 de septiembre de 2021, pretendiera que la Ofi cina Federal de Justicia de Suiza le remitiera la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka entre los ejercicios 2016 y 2019, y su relación con los gastos del rey honorifico hasta el 2018. Y estaban en marcha las investigaciones llevadas a cabo por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el repetido uso por parte de Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no fi - guran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Al tener conocimiento de las acusaciones de la Fiscalía, Juan Carlos la acusó de "conculcar su presunción de inocencia" Ahora mismo, la situación parece favorable a que el rey honorífico salga airoso. En la Casa Real reina la tranquilidad, pues a día de hoy no se cree que llegue a haber querella o actuación judicial defi nitiva alguna contra el rey honorífico, si bien no se atreve a predecir cuándo volvería a España. Lo que está por determinar cuáles serán las secuelas de todo esto en la opinión pública española. Por algo el CIS lleva años sin preguntar a los españoles que piensan de la monarquía.
