Opinión

Los hechos desmienten a Sánchez sobre Cataluña

Dos hechos consuetudinarios, con escasa diferencia entre ellos, han venido a desmontar la interesada y dependiente subordinada afirmación de Pedro Sánchez que (con sus cesiones obviamente), Cataluña está mejor ahora que en 2017, y que el independentismo pierde fuelle, cuando no ha renunciado a ninguno de sus objetivos, que siguen siendo los mismo, salvo en el cambio de estrategia.

Véanse las declaraciones optimistas de Oriol Junqueras quien confía en avances, para sus metas, en la mesa de diálogo con el Gobierno, al tiempo que sobrevuela con cierto cinismo el precio que tienen que pagarle para su apoyo a los presupuestos, si bien insiste en que en Cataluña deje de aplicarse la ley común, incluso reformada a la baja, porque eso es "judicializar" el conflicto, sin renunciar "derecho de la ciudadanía catalana a decidir su futuro", y aunque no se vean en el horizonte inmediato, ha recordado que el final del proceso pasa por la amnistía y la autodeterminación. Pero tras el fracaso del primer intento, confiesa: "es evidente que ahora no hay otro camino para conseguirlos". ¿En qué estamos mejor que en el 2017, como dice Sánchez? Pero es que hay más indultos y la rebaja de la fianza del Tribunal de Cuentas a una treintena de ex altos cargos son en suma precio tasado a pagar.

Insólito es que quien pretende dinamitar un Estado soberano y destruir la nación se ufane de decir que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, citando de modo equívoco algunas equívocas referencias, como si España no fuera dueña de sus propios destinos como nación y debe someterse a lo que digan algunos amigos que han encontrado los independentistas por ahí adelante. Y mientras Sánchez dice que todo va mejor, nos sorprende el propio papel que está jugando el fugado Puigdemont y su Consell de la República que ha comenzado a actuar como asesor de los primeros municipios de Cataluña en su gestión cotidiana, incluso en asuntos ajenos a sus actuales competencias. Y en este caso, el primer ayuntamiento que suscribe el acuerdo asume "la identidad digital republicana emitida por el Consell de la República como método de identificación en la relación que el ente local tiene con la ciudadanía, usuarios o clientes para acceder a sus instalaciones" y no el DNI español. Si todo va mejor.

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