Una de las más graves carencias de nuestro tiempo, especialmente angustiosa en la política española, es la falta del llamado sentido del Estado por parte de los dos grandes partidos, PSOE y PP, tan lamentable en uno como en otro aspecto, lo que les impide ponerse de acuerdo a la hora de resolver problemas esenciales del país, como ocurre en estos momentos con respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de está viendo a lo largo del desarrollo de la pandemia, si bien unos se echan la culpa a los otros.
Kelsen nos enseñó que el Estado es, sobre todo, la expresión positiva del Derecho, o sea, la materialización de un ordenamiento jurídico vigente y válido en un determinado territorio, o sea, un sistema de supuestos de conducta humana normados que forman el contenido de un ordenamiento normativo. Es decir, es un sistema vigente y válido. Como escribe Pablo de Lora, “A Kelsen se debe no sólo la propagación del modelo concentrado de control judicial de constitucionalidad en Europa, sino, fundamentalmente, un modo original de aproximarse a ese fenómeno social que es el Derecho”. Kelsen junto con la obra de autores como Hart, Bobbio y Ross es un referente ineludible para cualquiera que quiera comprender qué es el Derecho y cómo funcionan las instituciones jurídicas fundamentales, apunta Lora.
Los nada disimulados intentos de la derecha de mantener su influencia sobre el Poder Judicial como consecuencia de antiguas mayorías, y la crítica y el desprestigio sobre los jueces lanzados por ciertos sectores de la izquierda constituyen dos paradigmas negativos con el mismo resultado: la desconfianza de la sociedad en uno de los aparatos esenciales de su existencia. El PSOE de Sánchez ha criticado todas aquellas sentencias o resoluciones contrarias a los actos del Gobierno del modo más diverso, al margen del análisis de su contenido y el hecho de aplicar la Ley ha sido calificado hasta de “venganza” por no decir que la propia aplicación de la Constitución y la Ley en el caso de Cataluña se ha considerado que es 'la judialización' de un conflicto que debería resolverse por otras vías, aunque antes se estuviera de acuerdo, como se puede comprobar en el repaso a las hemerotecas.
En cualquier caso, en este punto, es necesario proceder a aplicar la Ley vigente y proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque posteriormente se proceda a una modificación de la misma que, a mi entender, como pide Europa, debe orientarse en otorgar a las jueces la capacidad de elegir sus órganos de Gobierno, al margen de los partidos políticos, en orden a una efectiva separación de poderes. Dentro del propio aparato judicial de España se dan todas las sensibilidades, por lo que esa representación estaría asegurada.
Las propias asociaciones de jueces, ante el desprestigio de la Justicia, consideran que es insostenible que se hayan cumplido tres años con el bloqueo político del Consejo General del Poder Judicial. Conviene recordar al respecto que ya en octubre del pasado año. el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, Marin Mrcêla, se dirigió por carta al Ministerio de Justicia para advertirle de que la iniciativa legislativa del Gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del CGPJ se apartaba de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros. Y Sánchez dio marcha atrás. Además, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, insiste en que deben ser los jueces y magistrados los que elijan al menos a la mitad del Consejo, y que España debería hacer las reformas necesarias.
Pero el problema radica en que ni las propias asociaciones de jueces están de acuerdo si la reforma de la Ley se debe hacer antes o posterioridad a la renovación del Consejo. Lo que supone un círculo vicioso sin otra salida que fuera la propia dimisión en bloque de todos los miembros del actual Consejo.
Desde algunos ámbitos se ha sugerido que sería una idea que una comisión de juristas de prestigio mediara entre ambas partes para que el PP acepte la renovación del Consejo con las actuales normal y el PSOE se comprometa a actuar lealmente en la renovación de la Ley, pactando un programa pautado para hacerlo. Es una cuestión de confianza entre unos y otros.
