SIN DUDA alguna, lo importante es acabar con la crisis sanitaria del coronavirus. Reducir al mínimo las muertes y volver a la normalidad cuanto antes con el resto de los enfermos. Pese a que la comunicación sanitaria de esta epidemia ha sido ejemplar, se ha creado una psicosis de tal calibre que, junto con una cierta inacción del Gobierno, que permitió la manifestación del 8-M y al día siguiente prohibió casi todo, ha provocado una alarma de gravísimas consecuencias presentes y futuras. Lo mismo podríamos decir de la Unión Europea, lenta, tardía y con medidas económicas de corto alcance. De momento, prácticamente España parece colapsada, la gente desconcertada, las empresas improvisando soluciones y todos con un horizonte de grave preocupación.
Somos vulnerables, enormemente vulnerables, y un bichito en China pone en cuarentena a miles de millones de habitantes en todos los países del mundo. Y no tenemos respuestas sanitarias inmediatas. Con todo, lo segundo más importante es saber quién va a pagar la factura de esta crisis. Una factura difícil de calcular sobre todo si dura varias semanas o meses. Las empresas han reaccionado con mayor rapidez que los Gobiernos central y autonómicos, readaptando sus métodos de trabajo, utilizando el teletrabajo, pero en todo caso con un coste añadido y un rendimiento que habrá que evaluar. Se han suspendido Congresos, eventos como las Fallas, juntas de accionistas, vuelos, prácticamente la totalidad de las competiciones deportivas y todo eso va a tener unas serias consecuencias económicas. En varias autonomías se ha suspendido toda la actividad escolar y eso no solo plantea problemas a los padres, sino también problemas para los proveedores de esos colegios —los comedores, los autobuses, las actividades extraescolares— que los padres no deberían pagar pero los colegios sí o que, en el peor de los casos, provocarán problemas a las empresas que los suministran (despidos, retrasos de pagos, cierres...).
La crisis va a tener consecuencias graves en el empleo en casi todos los sectores productivos; en el pago de las hipotecas en el sector financiero, como demuestra la caída de las Bolsas y la paralización de las inversiones; de forma especialmente grave en el sector turístico; en el sector de seguros con la avalancha de reclamaciones que se prevé; en el de la Justicia, con nuevos aplazamientos que harán más lenta la respuesta judicial; por supuesto en el sector sanitario, sobrecargados sus profesionales que, a pesar de ello, están teniendo una respuesta sobrehumana.
Este Gobierno, que seguramente tendrá que prescindir de aprobar unos Presupuestos para 2020, tendrá que aparcar otros problemas menos importantes y ser creativos en la respuesta al coronavirus y sus consecuencias. Para eso necesita trabajar junto con la oposición y con las comunidades autónomas, también con la sociedad civil, para acordar medidas y planes de consenso. Y apelar juntos a la responsabilidad de todos. Solo así se podrá frenar el virus del pánico, que, seguramente es tan contagioso y perverso como el coronavirus.
