LA CONFERENCIA de presidentes acordó abrir la negociación para cerrar este año un nuevo sistema de financiación autonómica. La educación, la sanidad y las políticas sociales están en las cuentas autonómicas. La conferencia de ayer, al margen de protocolos, sillas y montajes del Senado, se ocupa por tanto de cuestiones capitales para la vida ciudadana. La necesidad del cambio en el sistema de financiación es algo compartido por todas las comunidades. También son bastante compartidos los temores, aunque por motivaciones diferentes entre comunidades. Por dónde vaya o deba ir el nuevo sistema será lo que negocien los técnicos. Los criterios en los que se base la financiación -envejecimiento o dispersión de la población, por ejemplo desde la óptica gallega- son políticos y ahí los intereses pueden diferir, con independencia del color político. Sean los que sean, habrán de responder al examen de no discriminación por pertenecer a uno u otro territorio, con independencia de abusos y demagogias bajo el paraguas de la solidaridad. Esa conferencia de ayer, la primera desde 2012, fue un éxito para Rajoy aunque no estuvieron presentes Cataluña y el País Vasco. Hubo diálogo, normalidad y acuerdo para emprender una reforma. No se desató ninguna tormenta mayor, como a veces se argumentaba como temor para no afrontar la negociación. Cierto que ahora mismo PP y PSOE se necesitan. Dos detalles, no menores: 1) El aviso de Rajoy de que el nivel de recaudación está lejos de situarse en las cifras previas a la crisis. La recaudación fiscal está 20.000 millones por debajo de 2007. Y 2) las discrepancias de Madrid (PP) y Baleares (PSOE) contra la petición de armonización fiscal. Debería caber, para que no se produzca dumping y respetando márgenes de autonomía, una horquilla en la que moverse, tal como sugirió el presidente gallego, Núñez Feijóo, en unas declaraciones radiofónicas.
