LA GESTIÓN humana de las fronteras acaba de quedar en entredicho ante la comunidad internacional. España tiene escasa legitimidad para dar clases éticas y morales sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos a otros países.
Una sentencia del Tribunal de Estrasburgo deja con el culo al aire al gobierno por violar de forma sistemática el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. La institución condena que se hayan pisoteado reiteradamente los artículos que prohíben los retornos colectivos y obliga a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas. Es decir, declara ilegal las denominadas devoluciones en caliente que, en los últimos años, han formado parte de un estilo propio para paliar la presión migratoria. Un indecente sistema en el que ante cualquier salto a las vallas, que se separan Europa de África, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado procedían al pronto retorno de esa persona o personas a Marruecos, sin conceder amparo o derecho alguno a nivel jurídico y social.
Esta opción se encuentra recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana que da cobertura legal a las expulsiones inmediatas. Tras la decisión de la Corte, a partir de ahora, esta disposición debe ser suprimida y corresponde evitar esta serie de prácticas. Aun así, el gobierno de España se defiende matizando que, en el momento de la expulsión en frontera, la persona no se encuentra físicamente en el territorio nacional.
Pero, para llegar hasta aquí, desgraciadamente, hemos asistido a varios episodios con un desenlace fatal: solo cabe recordar los incidentes del Tarajal, en los que la Guardia Civil utilizaba pelotas de goma, detonadas con unas pistolas disparadas desde la playa, para evitar la entrada de migrantes subsaharianos por el mar. Aquella acción, ocurrida en la mañana del 6 de febrero de 2014, se cobró quince vidas. El intento de llegar a nado hasta Ceuta acabó en una auténtica tragedia. Por estos hechos, catorce agentes fueron imputados en una causa que no tuvo mayores consecuencias penales.
Lo más lamentable es que no se trata de un caso aislado. Todo lo contrario. El goteo es continuo: hace unas semanas, perecían ahogadas en el mar siete mujeres subsaharianas porque una patrullera española bloqueó la patera en la que navegaban, rumbo a las costas de Melilla. Esta medida suscitó la desesperación de los cuarenta ocupantes que iban a bordo. Y, según la versión oficial, la mitad decidió arrojarse al agua al ser remolcados por la gendarmería marroquí.
Estos son solo dos de los numerosos casos que se registran en las que se supone deberían ser las puertas de bienvenida y son utilizadas como muro de contención contra quienes migran escapando de la guerra y la pobreza. Europa lo ha dejado muy claro: NO a las devoluciones en caliente.
A raíz de esto: ¿habrá cambios en la política del gobierno español, en materia de Derechos Humanos? De momento, parece que no. Solo basta con detenerse un rato en Cataluña.
