QUE los diputados viajen entra en su cometido institucional debidamente justificado, pero que viajen tanto como lo hacen, cuando la tendencia es reducir gastos en servicios, infraestructuras y demás obligaciones del Estado, supone una anormalidad, calificada por algunos de despilfarro. Cuando menos es sospechoso de un control no exhaustivo, poco o nada riguroso.
Que los 350 componentes de la Cámara se cepillasen en desplazamientos, entre octubre del pasado año y julio del actual, 3,6 millones de euros, a los que han de sumarse otros 760.000 en cambios y anulaciones de billetes de transporte, exigiría una explicación que seguramente nadie va a pedir ni dar. Todos los partidos, todos los políticos (más por desgaste del contrario que de alcanzar una solución) claman contra la corrupción, lo que está muy bien y es además necesario, pero ninguno censura estas alegrías presupuestarias y personales que se permiten todos ellos con el dinero de todos los españoles, que algunos, al igual que aquella ministra, debe considerar que no es de nadie. Si saliese de su bolsillo, serían más comedidos.
