LA TURISMOFOBIA no existe. Lo que si existe es un problema gravísimo derivado de la crisis económica, la precariedad laboral y la ausencia total de regulación legislativa por parte de las instituciones públicas para hacer efectivo un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda. No existe un odio o aversión al visitante extranjero que pasea sonriente por nuestras tierras con visera, sandalias y cámara de fotos en mano. Lo que si existe es un progresiva conversión de nuestro país en colonia de ocio para las metrópolis del norte siguiendo la teoría del centro periferia por la cual el centro desarrollado (industrializado) logra aumentar sus tasas de productividad a un nivel mayor y más rápido que la periferia subdesarrollada (turística), llevando ello a un deterioro de los términos de intercambio y a un sistema comercial en el cual los precios reales de los productos primarios de los países de la periferia (España, Portugal, Italia y Grecia) se deterioran frente a los de los productos de los países del centro mas industrializados (norte Europa) y con mayor inversión en innovación tecnológica. La progresiva conversión de España en colonia turística de la UE, en parque temático para ocio, en la Port Aventura continental, produce una cultura de la dependencia en este sector que imposibilita que un país diversifique su economía, produzca empleos de calidad y genere sueldos y condiciones de vida sostenibles.
Por su puesto que el turismo es uno de los sectores punteros en nuestro país pero debemos preguntarnos que clase de turismo queremos. No es lo mismo el turismo cultural en Italia que el turismo de copas en el Mediterráneo y Baleraes donde el empleo que se genera es precario, temporal, con sueldos de miseria y produce consecuencias nefastas para la población autóctona como es la expulsión de sus propios vecinos de sus barrios de origen y propias ciudades debido a los pisos turísticos. Estamos asistiendo a la venta directa de barrios enteros que son adquiridos por jeques árabes o millonarios rusos para luego especular con el precio de las viviendas y los alquileres vacacionales a costa de los propios vecinos. Estamos contemplando como las ciudades se convierten en mercancía. Pero la culpa también es nuestra. Desde hace muchos años la Generalitat de Cataluña inventó la marca BCN. Un modelo de ciudad basado precisamente en el turismo que ha aportado numerosos dividendos pero cuyo modelo se ha desbordado y agotado. Hoy en día una habitación compartida en Barcelona cuesta 450 euros y un piso para una persona más de 800 euros en unas condiciones mínimas de austeridad. ¿Si los salarios no suben progresivamente al aumento del precio de los alquileres cuanto debe cobrar una persona que trabaje en Barcelona para poder vivir?.
Actualmente no menos de 2.000 euros, una quimera imposible para la mayoría. Es por ello fundamental establecer leyes que regulen el precio de la vivienda de alquiler basado en el metro cuadro, que limiten el número de pisos turísticos o eliminen directamente esta modalidad. Existen formas para viajar y acoger visitantes que llevan funcionando desde hace muchos años como son el turismo sostenible basado en el impacto del turismo sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población autóctona. Un gobierno debe proteger el derecho a la vivienda de sus ciudadanos porque es una obligación constitucional y eliminar cualquier forma de especulación sobre este bien que debe ser un derecho y no una mercancía. Sino no se actúa rápido Barcelona en el futuro se convertirá en Venecia, una ciudad sin venecianos porque en Barcelona hoy en día no se vive. Se sobrevive.
