Quien fue en 1986 el valido de Albor se estrenó como president haciendo lo que debía haber hecho Puigdemont, tras el gran error de los ‘indepes’, pero mientras sigue la escalada
EN EL homenaje que el PP le tributó el PP por su centenario Albor confesó que en 1982, cuando Rajoy fue nombrado director general, nunca pensó que estuviese llamado a desempeñar su actual cargo. Seguro que tampoco se lo podía imaginar cuando en noviembre de 1986 el hoy presidente del Gobierno apareció como la solución para recomponer desde la vicepresidencia su caído gabinete, tras el fallido golpe del hasta entonces número dos, Barreiro Rivas. Nadie lo podía suponer en esos once meses en los que con sólo 31 años y en medio de chanzas por su ceceo y su desconocimiento del gallego Rajoy ejerció de presidente de la Xunta de facto, ya que Albor nunca dejó de ser un figurante que necesitaba un valido que gobernase por él y en el que hasta delegó en el debate de la moción de censura que lo tumbó en 1987.
Tampoco hace falta remontarse a esos tiempos del "Rajoy fue a Raxoi a una junta de la Xunta" que recitaba Beiras. Cuando en 1996 entró en el Gobierno de Aznar no había ninguna señal de que acabaría siendo el tapado que recibiría el dedazo a la mexicana de su jefe. No obstante, vista de forma retrospectiva la carrera política de este discípulo del ministro franquista González de la Mora apuntaba desde el inicio hacia la cúspide de la política española, en la que tenía más condiciones para triunfar que en la gallega, empezando por su propio interés.
Lo que resultará más sorprendente para quienes en el futuro se aproximen a la biografía de Rajoy será el comprobar que él, precisamente, el más centralista de los políticos que dirigieron la Administración de Galicia, es el único que presidió dos comunidades autónomas, la gallega, de facto, como valido de Albor, y la catalana, según anunciaba este sábado el BOE, por la puerta de atrás de una aplicación más que cuestionable del artículo 155. Se trata del último producto de esa locura colectiva que hunde sus raíces en el café para todos, como fórmula de querer diluir el autogobierno de Cataluña y Euskadi equiparándolo con el de La Rioja o Madrid, y que se disparó con la publicación en pleno cataclismo financiero de la sentencia del Constitucional sobre el vigente Estatut, recurrido por el PP de Rajoy.
Hasta puede decirse que la Generalitat tiene hoy dos presidentes, el del BOE, Rajoy, y el que este sábado emitió un mensaje en TV3 que constituyó su prueba de vida tras su destitución del viernes, Carles Puigdemont.
Según la lógica de los soberanistas Puigdemont sería hoy el presidente de la República Catalana, proclamada el viernes en un error colosal, que diría Mariano, ya que los ‘indepes’ ni siquiera tuvieron la perspicacia de esperar a que el Senado aprobase la aplicación de 155 y pusieron en bandeja la intervención de la Generalitat. El dislate hunde sus raíces en la equivocada consideración del 1-O como un fin en sí mismo y no en lo único que podría ser, un medio para reivindicar la convocatoria de un referéndum como el escocés.
Haciendo de la necesidad virtud, ya que el Gobierno carece de medios para aplicar la intervención de la Generalitat aprobada la semana pasada sin el concurso del Ejército, Rajoy fue esta vez más hábil, al hacer lo que debía haber hecho antes Puigdemont. Sin embargo, no por ello dejó de contribuir a una escalada más que aterradora.
Una vez que el Gobierno ha reconocido que las elecciones del 2015 sí fueron un plebiscito, los partidarios del derecho a decidir tienen la oportunidad de convertir el 21-D en uno nuevo, sobre el derecho a decidir, para en caso de vencer, situarse a ojos del mundo en condiciones de negociar su ejercicio. Esta sería una vía de racionalidad para reconducir el conflicto, que hoy parece algo tan poco probable como que Rajoy acabase siendo el molt honorable del artículo 155.
Los paralelismos entre los hechos de octubre de 1934 y los de 2017
La efímera ‘independencia’ catalana de 1934 de diez horas presenta bastantes paralelismos con la de 2017. El conflicto con el Estado arrancó de una sentencia del antecesor del Constitucional, sobre la propiedad de la tierra. Y la mayor fuerza nacionalista era ERC. En 1934 Companys acabó en prisión como le pasará a Puigdemont según el fiscal Maza, el de los millones de catalanes abducidos.
Un sistema electoral como el gallego, hijo de Adolfo Suárez
En términos de sistema electoral Cataluña es una colonia por voluntad propia, en la medida que se trata de la única comunidad autónoma que carece de una norma propia y que se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral, es decir por el sistema diseñado por Adolfo Suárez. Esta llamativa y contradictoria dejación del autogobierno en la nacionalidad histórica que más reclama su ampliación resulta menos relevante de lo que parece en sí misma.
Por una parte, en el Estatut están establecidos los elementos fundamentales del sistema electoral autonómico, como son el tamaño del Parlamento, de 135 diputados, el tipo de circunscripción, que es provincial, y el reparto de escaños entre cada una de ellas, con 85 para Barcelona, 17 para Girona, 15 para Lleida y 18 para Tarragona. Y por otra parte, el margen de maniobra legislativo de las comunidades resulta reducido y ninguna lo ha llevado hasta las últimas consecuencias, introduciendo por ejemplo una fórmula proporcional de asignación de escaños distinta del método D’Hondt, la mal llamada ley, que en realidad sólo es fórmula matemática.
En la práctica, y pese contar con casi el triple de población con un parlamento sólo un 80% mayor, el sistema electoral catalán tiene unos efectos similares al gallego. Pero en Cataluña benefician al nacionalismo, a lo que en el pasado fue CiU y lo que en 2015 era Junts pel Si, y en Galicia, al PP. En las últimas autonómicas Junts pel Si sacó un 6,6% más de diputados de lo que le habría correspondido en un reparto proporcionalmente perfecto, mientras que el PPdeG obtuvo un 6,1% más. En la media de todas las elecciones celebradas desde 1980, CiU y su continuador de 2015 recibieron en el reparto de escaños un plus del 4,7%, mientras que el de los populares gallegos fue del 4,9%, es decir muy similar.
Tanto en Cataluña como en Galicia se aplica el procedimiento establecido en las Cortes franquistas para, al objeto de beneficiar a la candidatura de Adolfo Suárez, dar más valor al voto de las provincias menos pobladas, que son más conservadoras y en el caso catalán, más nacionalistas. Debido a que el parlamento es más pequeño, el sesgo resulta algo superior en Galicia, donde, según el último padrón, están mal repartidos en función del número de habitantes el 13,5% de los escaños, frente al 10,6% de Cataluña.
Pontevedra y A Coruña tienen, respectivamente, un 20% y un 16% menos de los diputados que les corresponderían en puridad, mientras Lugo cuenta con un 52% más y Ourense, con un 62%. En Cataluña la única perjudica es la mastodóntica Barcelona, con un 14% menos, mientras Lleida tiene un plus del 93%, Girona, del 26% y Tarragona, del 25%.
Con datos del 2015 Galicia es la quinta comunidad con el reparto de escaños entre provincias más segado y Cataluña, la octava, en un ranking encabezado con mucha diferencia por Canarias, que aparece también como la autonomía en la que se da la más elevada desproporcionalidad, es decir la mayor distorsión entre el resultado salido de las urnas y la composición del Parlamento. Según la media de 1980 a 2015 Galicia es la séptima comunidad con menos desproporcionalidad y Cataluña, la quinta.
