DURANTE LOS años de la crisis y los de la supuesta recuperación económica, el conjunto de la masa salarial de nuestro país sufrió un descenso de 40.000 millones de euros y, por desgracia, han sido los salarios del 40% de la población con menores sueldos los que más han disminuido. Los jóvenes han sido especialmente afectados y los contratos temporales aquellos que más han acusado los recortes salariales.
El resultado no se ha hecho esperar, la aparición de la nueva figura de "trabajadores pobres" en un porcentaje que no ha dejado de subir. Estudios actuales nos hablan de más de ocho millones de personas que se consideran en esta situación.
Cierto que en España, durante estos años, se ha incrementado la productividad, pero en base, casi únicamente, a duros ajustes de plantillas y recortes salariales. Desde el inicio de la crisis la productividad tuvo un incremento de 7.040 euros/trabajador, de los cuales solo 220 euros beneficiaron a los trabajadores, esto es, 1 de cada 32 euros.
"¿Está usted con nosotros o con las fuerzas del mal?". Esta frase aparece muchas veces como un ejemplo de falso dilema y viene al pelo del caso que nos ocupa. Porque esa pregunta sintetiza la postura de un gobierno que pretende hacernos creer que no hay más fórmula posible que salarios bajos y contratos precarios para la salida de la crisis y el crecimiento del país, algo que sin duda constituye una gran falacia.
El gran incremento de la desigualdad en la sociedad española es un vector contrario a la recuperación de la economía. Es cuando sus clases medias son más amplias y poderosas cuando un país alcanza su mayor fortaleza económica. En España caminamos en dirección opuesta, las grandes fortunas aumentan año a año su patrimonio (sí, también en plena crisis), mientras los pobres cada vez son más y más pobres. Y sobran fuentes estadísticas oficiales para contrastar esta realidad, entre ellas el propio Banco de España.
Resulta pues imprescindible acabar con un modelo profundamente injusto, que prima las rentas del capital sobre las del trabajo, y romper la dinámica de la precariedad como estrategia. Es falso que tengamos que elegir entre crecimiento del empleo o de los salarios, entre contratos basura o paro.
Y una de las piezas claves de ese cambio lo constituye el lograr un nuevo modelo salarial que permita extender al conjunto de la ciudadanía el fruto del esfuerzo colectivo y conseguir que la justicia y la decencia lleguen a los salarios.
Con ese fin, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos registrado en el Congreso una moción cuyo primer punto es, no podía ser otro, la Derogación de la Reforma Laboral de 2012, que solo ha aportado la quiebra de las relaciones laborales, la ruptura de la negociación colectiva, precariedad, temporalidad y la devaluación de los salarios. Un nuevo Estatuto de los trabajadores elaborado en el marco del diálogo social y que fortalezca la negociación colectiva será otra de las piezas clave del nuevo escenario normativo.
En dicha moción defendemos la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los 1000 euros en 2020, lo que representa una subida próxima a los 100 euros anuales y estaría acorde con la Carta Social Europea. También, la recuperación del peso de la masa salarial anterior a la crisis, para lo cual proponemos el incremento en el año 2018 de entre un 2% y 3%, y de entre un 2,5% y 3,5% en los años sucesivos hasta el 2020. Para los empleados públicos entendemos necesario equiparar el incremento salarial con la inflación e incorporar complementos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido.
Y así hasta un total de doce puntos, en una moción que se debatirá en el próximo Pleno del Congreso de Diputados y que forma parte de la campaña de diálogo que los socialistas mantendremos, además de con el resto de fuerzas políticas, con los agentes sociales y económicos, y con la que pretendemos lograr ese nuevo modelo salarial que conforme un nuevo Pacto de rentas en nuestro país.
