"La mejora de las condiciones sociales no sustituye sino que realza la responsabilidad personal". Estas palabras de Tony Blair ilustran de manera inequívoca la superación que debe producirse en el debate ya secular sobre la preeminencia del ámbito público o del privado. Esta superación es necesaria, como está sucediendo en la mayor parte de los procesos metodológicos en las ciencias sociales, para equilibrar los sucesivos planteamientos reduccionistas referidos a la intervención del Estado en la sociedad.
La preeminencia del Derecho Privado sobre el Derecho Público fue rebasada en la formación del Estado moderno al hilo del pensamiento contractualista, de forma que la supremacía de lo público se basaba en la contraposición del interés general y el interés individual, y en la subordinación del segundo al primero. Aún más, este proceso, que se podría denominar de contraposición, posibilitó -por su propia dependencia de ideologías que pretenden explicaciones globales y rígidas del hombre y de la realidad social- el inicio del fracaso del sistema ya que, en el marco de esta aproximación cerrada, sus principios cayeron atrapados por una realidad que necesariamente tiende a liberarse del modelo que la pretende configurar.
Las nuevas políticas públicas sugieren una llamada a la superación del falso dilema público-privado, y constituyen una convocatoria a nuevos proyectos públicos que proponen un nuevo estilo para configurar la acción pública en un contexto profundamente democrático. Es una convocatoria a conformar nuevas políticas porque pretende la aportación del caudal de energías que se manifiestan en la iniciativa personal y asociativa- creativas, transformadoras, relacionales, con sentido auténticamente cooperativo. Es exclusivamente con una cooperación mayoritaria como se puede más plural, más equitativa y solidaria.
La contratación pública, contemplada desde esta óptica, que es la adecuada desde la perspectiva del contratista colaborador del sector público, para cooperar en la obtención de resultados sociales, de humanización de la realidad, de fortalecimiento de la dignidad del ser humano y de su entorno en un contexto de beneficios razonables.
A través de la contratación pública se puede conseguir una acción pública que debe promover condiciones para que las empresas contratistas, a través de las adecuadas cláusulas en los pliegos, se comprometan en el comercio justo, en la promoción del empleo, en la conciliación laboral, en la protección del medio ambiente, en la prohibición del trabajo infantil, etc.
La idea de cooperación, de libre participación, a mi entender, es fundamental para construir políticas públicas abiertas, dinámicas, profundamente humanas y sociales. La acción pública es una acción compleja que, entre otras cosas, incluye la movilización de los recursos sociales, la coordinación de los esfuerzos, la integración de las iniciativas y la conjugación de las aspiraciones de la sociedad. En la contratación pública se dan, de manera casi perfecta, estas coordenadas, de forma y manera que sí, que la contratación del sector pública es una política que, más allá, de que al contratista resulte rentable la realización de la obra o servicio en cada caso, debe contribuir de forma directa y permanente a la mejora de las condiciones de vida de las personas, por supuesto en la dimensión solidaria y ambiental.
