El pago por el uso de las autovías amenaza con convertirse en un impuesto que ni es solidario, ni es progresivo, ni es beneficioso para la economía, sino todo lo contrario. En el rechazo a esta medida no hay un componente ideológico, sino una reflexión de sentido común de acuerdo con nuestro modelo de Estado.
Pienso, por ejemplo, en una persona trabajadora que tiene que desplazarse a diario entre Vigo y Porriño, o en otra que no pudo comprar una vivienda en la ciudad donde trabaja y tuvo que hacerlo, por ejemplo, en Ponteareas. Esas personas están condenadas a usar diariamente la autovía (o la autopista de peaje). Y su contribución para la construcción y el mantenimiento de ese servicio público a través de ese canon va a ser la misma que otra persona con ingresos muy superiores. Eso sin contar con que lo que estaremos haciendo es pagar dos veces por el mismo concepto: en la declaración de la renta y en los desplazamientos.
Yo lo veo muy injusto, pero me pregunto cómo van a poder explicar eso a sus votantes desde un gobierno que presume de su vertiente social.
Y, desde el punto de vista de la economía, otro desastre. Me sorprendió mucho leer recientemente una entrevista con el delegado del Gobierno en Galicia en la que decía, literalmente: "me parece bien que un camionero extranjero o un turista pague por usar las vías españolas" Menudo despropósito. Los costes que asume el transporte (que no el camionero "extranjero") se van a repercutir en los precios de los productos que transporta. Y las trabas al turismo se traducen en pérdidas para todos los sectores que se benefician de esta actividad. Menuda reflexión... Sin entrar a preguntar qué es lo que considera "extranjero" este señor.
La medida, además, restringe la libertad de movimiento de las personas, que solamente podrán desplazarse si tienen el dinero necesario para "comprar" ese derecho de paso por una infraestructura que es de todos. Porque hay casos, como el de Vigo-Porriño que citaba, que no tendrían alternativa por una vía que no fuera de pago.
Este impuesto que pretende instaurar el Gobierno, y que (es cierto) ya se aplica en otros países de Europa, no solamente atenta contra el principio de progresividad, sino que también provoca diferencias en cuanto al lugar de residencia. Las regiones periféricas, como Galicia, se verán perjudicadas, ya que su ciudadanía y empresa deben recorrer muchos más kilómetros para viajar por España. Es decir, la medida nos alejará todavía más del resto de España y de Europa.
