SON LAS siete de la mañana de un domingo cualquiera. La música del pub retumba en el interior del piso. El portero barre los vidrios rotos hacia la calle. El personal vomita, mea y hace ruido en una noche festiva. Las denuncias a la Policía Local se acumulan en los cajones. El Concello de Lugo las envió en su día a la Xunta, que no movió un dedo y devolvió las multas a la entidad municipal tras el cambio normativo de la Ley Mordaza. Su aprobación creó un vacío legal en el ámbito sancionador, que aún no reguló ninguna ley autonómica, ya que la de Emprendemento solo se refiere a las licencias. Ello no impide el cierre de los locales por ruido, cuestión más complicada. El proceso se hace más largo que el insomnio de los vecinos, que se preguntan por qué no se procede al cierre por incumplimiento de horario y rumian su indefensión, absorbidos por el agujero negro de la burocracia. Las denuncias comenzaron en 2014, pero la fiesta sigue.El Supremo declaró ilegales las sanciones con el radar de infrarrojos de la Ronda da Muralla hace tres meses, pero la multas de ese periodo siguen su trámite, por si cuela. La respuesta, como en el caso anterior, es que la asesoría jurídica estudia el tema. Otro agujero negro. Las dudas son inevitables: ¿tenemos un Concello invisible? ¿Vivimos en una ciudad invisible? ¿Y si los invisibles son los derechos de los ciudadanos, esos seres inexistentes, salvo en campaña electoral?
