Cuando una democracia permite romper la separación de poderes para someter la Justicia a intereses políticos, corre el riesgo de dejar de serlo para transformarse en un régimen cesarista y autocrático que se asemeja mucho a Venezuela y otros países de dudosa libertad. Cuando una democracia usa la doble vara para medir la violencia de una protesta, entiéndase contra la amnistía o por la independencia, algo malévolo se cierne sobre una sociedad indefensa al albur de la interpretación partidista. Vaya por delante la condena explícita, y también la distinción entre manifestantes pacíficos e infiltrados radicales dedicados a reventar un derecho ciudadano.
Cuando una democracia generaliza desde el poder que cualquier protesta contra el Gobierno y la arbitrariedad de la amnistía es "acoso reaccionario", sin hacer lo mismo con los actos violentos de los CDR y Tsunami Democrátic, dicha democracia incurre en todos los vicios de regímenes autoritarios. Cuando una democracia ejerce desde el poder gobernante ese doble rasero mientras pacta con los instigadores golpistas, el propio sistema incurre en las peores aberraciones políticas: sectarismo, demagogia, radicalidad, mentira, engaño y abuso.
Cuando un presidente en funciones solo identifica la democracia con su partido y sus intereses ("atacar las sedes del PSOE es atacar la democracia"), está revelando una naturaleza sospechosa que proyecta dudas democráticas hacia sus rivales negando la igualdad de acción política a la oposición legítima.
Tener tanta memoria histórica y democrática para unas cosas y tan poca para otras forma parte de la amoralidad política que asola España. La fragmentación del odio convertida en casta multiplica la fragilidad de nuestro sistema y fomenta la tiranía de las minorías sobre las mayorías a sabiendas de que eso retiene el poder e impide la democrática alternancia mediante un premeditado cordón sanitario refundacional sin interpretación objetiva de las urnas. Aunque el sanchismo podemita no lo reconozca, también fueron "ataques" a la democracia aquellos "rodea el Congreso" con Rajoy, los escraches a las sedes y dirigentes del PP o los autobuses fletados por el PSOE el día de la investidura de Juanma Moreno en Andalucía.
Cuando una democracia hace estas distinciones sociales y políticas sin diferenciar debidamente entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, está invadiendo comportamientos políticos que "corrompen" la democracia, dinamitan el pacto constitucional y favorecen la práctica autocrática porque el poder gobernante no se somete a ningún tipo de limitaciones. El sanchismo promulga y modifica leyes a su voluntad como es el caso de la supresión de la sedición, la reducción de la malversación o la ley de amnistía. Conviene diferenciar entre protestas legales y protestas sin permiso con participación de partidos y dirigentes políticos expuestas a infiltrados ultras. Abascal y Aguirre se equivocaron acudiendo a esas concentraciones en la sede del PSOE que se suponen espontáneas, porque facilitan el argumentario socialista de lo ultra previo uso indiscriminado de gases lacrimógenos contra manifestantes mayoritariamente pacíficos.
El PSOE lo utiliza en defensa propia de su evidente deriva, pues tanto las protestas ante las sedes del PSOE como las convocadas por Feijóo este domingo obedecen al rechazo social mayoritario a una negligente amnistía, el referéndum, un tribunal inquisidor del legislativo sobre el judicial, el cupo catalán y la condonación de miles de millones de dinero público a cambio de la investidura del perdedor de las elecciones.
La investidura de Sánchez a toda costa y a cualquier precio está ocasionando un desgaste a la democracia española de consecuencias imprevisibles que ya no se puede ocultar de fronteras adentro, como ha hecho saber la UE. Que el Consejo General del Poder Judicial afirme que "la amnistía no es compatible con el principio del Estado de Derecho" porque reviste de "impunidad" a la clase política supone toda una declaración de principios en defensa de la democracia y de la separación de poderes. Y que, además, la Audiencia Nacional impute a Puigdemont (Junts) y Rovira (ERC) por presunto terrorismo de Tsunami Democrátic, desenmascara la grave deslealtad al Estado, la Constitución, la Monarquía parlamentaria y los jueces en la que Sánchez incurre al acordar el Gobierno de España con prófugos y delincuentes condenados por el Supremo. Este deterioro de la calidad del sistema constitucional y la convivencia es el verdadero "ataque a la democracia" que Sánchez transforma engañosamente en "ataques" a las sedes del PSOE.
La estabilidad y la moderación son virtudes añoradas en la presente España, y el auto del juez García Castellón, lejos de irrumpir en la investidura como dijo el diario dependiente madrugador, preserva los valores de la democracia y del Estado de Derecho.
Cualquier otra interpretación debiera ponerse en cautela e ir acompañada de mesura y sosiego democrático, justamente lo que no parece predicarse desde el poder establecido, la radicalidad ultra y, según los tribunales, los delincuentes Otegui, Puigdemont y Junqueras.
Tsunami Democrátic
El juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional atribuye a Puigdemont el "rol de liderazgo " en la plataforma Tsunami Democrátic, y le imputa por terrorismo callejero en el marco del procés junto a Marta Rovira y otros investigados. El auto del magistrado fija las bases para impugnar la amnistía ante la Unión Europea y la Onu, pues sostiene que el hipotético perdón de los delitos contravendría el derecho comunitario y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Junto a esa resolución judicial que la Fiscalía de Sánchez recurrirá por considerarlo sólo desórdenes públicos, García Castellón incluye la muerte de un ciudadano francés en el asalto al aeropuerto del Prat en 2019, lo que "convierte en inadmisible al expresident catalán" dentro de toda esta voladura. El juez también cita como testigo a Arnaldo Otegui, líder del Bildu, para que explique su participación en las reuniones de "gestación" de Tsunami Democrátic. El prófugo golpista Puigdemont, que presume de no pedir perdón, calificó el auto de "golpe de Estado judicial", lo cual no deja de ser un sarcasmo más de su incompatibilidad con el Estado de Derecho.
Atentado a un político
Alejo Vidal Quadras, exdirigente del PP catalán y fundador disidente de Vox, fue tiroteado como antaño en una calle de Madrid. El atentado ocurrió el mismo día que Sánchez y Puigdemont hacían público su pacto de investidura. La ironía cruel de la casualidad disparó las conjeturas, pero el propio Vidal Quadras tuvo la entereza y lucidez de vincular el disparo en la cara que casi le cuesta la vida con un posible ataque del régimen iraní. La investigación tiene la última palabra, pero da igual si se trata del régimen de los ayatolás o de delincuentes comunes, de sicarios por encargo o de un atentado no decidido ese mismo día, porque la verdad es que en una democracia como la española no deben suceder en pleno siglo XXI este tipo de agresiones a ciudadanos anónimos o expolíticos relevantes con Vidal Quadras. Estamos hablando de un político que llegó a ser eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, y que aún retirado de la primera línea ejerce la política activista, lo que otorga al atentado el distintivo de terrorista. Ahora solo falta esclarecer la verdad, porque la bala que le atravesó la cara también era de verdad.
