No deja de resultar anómalo, o cuando menos familiarmente inusual, que los actos en los que públicamente coinciden Felipe VI y Juan Carlos I sean funerales internacionales, tengan o no la condición de Estado. Coincidieron en el funeral de la reina Isabel de Inglaterra y han coincidido esta semana en las exequias de Constantino de Grecia.
Cuando el Rey emérito vino a España, dejó Sanxenxo para estar varias horas en la Zarzuela, donde se supone que padre e hijo pusieron en claro la delicada circunstancia de la monarquía española. La decisión de seguir viviendo en Abú Dabi pese a no tener causas judiciales pendientes en España obedece, seguramente, a un deseo compartido en las altas instancias del Estado para evitar un desgaste innecesario al rey Felipe dado el empeño republicano que tienen los socios prioritarios de Sánchez, incluido Podemos.
La alta política encierra secretos que jamás conoceremos y que a veces tan sólo son susceptibles de sospecha. Pero ciertamente, se adivinaba que esas lágrimas inconsolables de la reina emérita Sofía en el funeral griego iban más allá de la simple pérdida de su hermano Constantino.
El elefante, el "no lo volveré a hacer más", el considerado despecho pecuniario de Corinna y el caso Nóos terminaron por crear un marco delicado para la corona que derivó en la condena del yerno Urdangarin, la absolución de la infanta Cristina, la renuncia de Juan Carlos, su salida de España y una serie de medidas de asepsia familiar y austeridad económica con las que el coronado Felipe VI afrontó la difícil situación.
Ese momento crítico tuvo un viento de cola incuestionable que empujó a decisiones incómodas y dolorosas del Rey. Me refiero al empuje de la primera coalición de Gobierno de la democracia que el socialista Pedro Sánchez hizo posible con comunistas, pese a haber negado que lo haría. Una coalición dependiente de socios peneuvistas, batasunos y republicanos claramente independentistas cuyos votos eran y son necesarios para gobernar desde la precariedad sanchista a base decreto y otras concesiones entre las que entran los indultos del procés, la derogación de la sedición y la rebaja del delito de malversación por los que fueron condenados.
El ruido que rodea la gobernanza del sanchismo sonó con distinta intensidad en el desenterramiento de Franco o durante una inesperada pandemia mundial nunca vivida en la era reciente. Todo ello fue acompañado de una manera de gobernar que se ha salido de los estándares de la democracia presente tras una Transición modélica y el respaldo del 87,78 por ciento a la Constitución de 1978. Ahora, los que defienden la liquidación de lo que llaman ‘régimen del 78’ buscan un horizonte republicano a sabiendas del mandato constitucional que garantiza la estabilidad del sistema mediante nuestra monarquía parlamentaria.
Llegados a este punto en el que la mentira vale al menos tanto como la verdad en el escaparate político y en su repercusión mediática, todo se reduce a la interpretación partidista de la realidad. Da igual que hablemos de la memoria histórica, democrática o desmemoriada, o que pongamos el acento en la economía. Lo mismo da que abordemos la ley del aborto o la ley del sólo sí es sí. Lo que cuenta es la interpretación mediática que se haga del posicionamiento político de turno hasta el punto de monitorizar la crítica el Gobierno.
La postverdad o mentira emotiva actúa como una distorsión de la verdad objetiva directa a las emociones y las creencias personales. Dicho de otro modo, el principal partido que sustenta al Gobierno, el PSOE, anunció la creación de un comité para desmentir "bulos de desinformación de la derecha". Una pretensión poco fundamentada que vuelve a caer en los vicios autocráticos y monitorizadores con los que combatir la crítica legítima al Gobierno en año electoral.
En este sentido, cabría preguntarse qué es realmente un bulo en este tiempo de confrontación polarizada con la que se trata de manejar el comportamiento social de cara a votar. Porque, si hay que medir en el polígrafo de la verdad lo que se dice, promete y hace en campaña ambos bandos tienen mucho que callar, si bien hay un claro perdedor desde el comienzo de su mandato. Las fake news o noticias falsas oficiales jamás encontrarán acomodo en el denominado ministerio gubernamental de la verdad.
El Ejecutivo está para ser controlado en democracia tanto desde el Parlamento como desde el Poder Judicial y los medios de comunicación. La batalla política desatada por el control de la judicatura y otras instituciones delata el objetivo del sanchismo, igual de censurable si Feijóo trata de hacer lo mismo en caso de que llegue a la Moncloa. No hay democracia sin ley, lo cual incluye el cumplimiento de las sentencias y la Constitución. Lo demás es engañarnos y, lo que es peor, engañar a una sociedad confiada que cada cuatro años trata de poner orden político en búsqueda de una democracia más real que emotiva. Porque el populismo siempre tiende a la democracia emotiva.
