EN LOS corrillos del periodismo se comenta con cierta sorna la afición de Albert Rivera a adjudicarse los logros de la gobernabilidad. Ya se sabe que en política hay muchos recursos para permitir que el discordante opositor se ponga medallas que justifiquen un pacto, por ejemplo presupuestario. De modo que Rivera, raudo y veloz, procedió el pasado lunes a capitalizar su apoyo a las cuentas del Estado con un entusiasmo más propio del Gobierno que de la oposición. Pero el manual Rivera ya es famoso en tertulias y pasillos del Congreso por sus innumerables comparecencias de atribuciones. Con la prisión permanente revisable, Cs facilitó la tramitación de la derogación para, a continuación, situarse al lado del Ejecutivo en la ampliación de Presupuestos. Y con la aplicación del 155 hemos escuchado innumerables rechazos a la aplicación de este artículo de la Constitución por parte de Rivera hasta que Cs se puso a la cabeza del mismo. Toda acción política dentro de los márgenes legales es legítima. Pero «pasarse de frenada», comentan en la M-30 de la Cámara Baja, «pasa factura».
