Podemos llamarlo traslado temporal, pero no deja de ser el exilio forzoso del rey emérito abriéndose paso entre los calores de agosto como una corriente de aire frío en los salones de Palacio. Zarzuela y Moncloa, epicentros palaciegos de la monarquía y la república, alivian su sofocón conjunto con este destierro forzado de un Borbón en horas bajas. Zarzuela porque la marcha de don Juan Carlos supone un cortafuegos para la Corona, acosada por las consecuencias judiciales, sociales y mediáticas de los casos Noos y Corinna que tanto desgastan su prestigio y amenazan su futuro. Moncloa porque se cobra una cesión más de Felipe VI en ese tablero de presión sobre la monarquía, lo que permite a Sánchez y sus socios republicano-comunistas tomarse un respiro tras 45.000 muertos por coronavirus y el avance de una crisis económica que coloca a España entre los peores de la clase. En plena ola de rebrotes de la pandemia, Pedro Sánchez ha tenido la real fortuna de que el anuncio del exilio del rey emérito llegara en la víspera de su balance del curso político. Así que tras la destrucción de un millón de empleos y el empobrecimiento record de España con la caída del PIB en un 18,5 por ciento, se dieron nuevas condiciones para otro AlóPresidente con el que la coalición gobernante encuentra sentido a su existencia.
Esto que se vende como un cambio de residencia voluntario es un destierro en toda regla, una expulsión de extraña etiqueta y maquinación cuando precisamente lo primero que se hace en casos parecidos es retirar el pasaporte y evitar que el implicado salga de España. No es el caso porque don Juan Carlos no está imputado ni aquí ni en el extranjero, pero los fiscales del Supremo español y un juez suizo investigan presuntas comisiones por el Ave a La Meca, donaciones dudosas y blanqueo de capitales, todos presuntos delitos en una parte prescritos y otros bajo la inviolabilidad de su reinado. Don Juan Carlos queda a disposición de la justicia en su condición de aforado, lo que ocurriría de igual forma si permaneciera en España para satisfacción del Estado de Derecho. Es decir, que este exilio encubierto es meramente político, estratégico y cosmético, muy calculado y oportuno, pues entre sus múltiples consecuencias e interpretaciones incluye un paso más hacia la añoranza republicana del socialcomunismo monclovita. Al margen de que se haga justicia, de que el abdicado rey emérito sea igual que todos ante la ley y pague si la ha hecho, resulta evidente que de seguir España gobernada por los socios actuales, nuestra monarquía parlamentaria corre el riesgo de verse acorralada por los planes soñados de otro referéndum, este legal, con el que seguir planteado el cambio constitucional de monarquía por república. El verdadero objetivo de esta ofensiva política es la propia Corona, o sea, el rey actual y no Juan Carlos I. Por eso Felipe VI debe medir bien su transparencia y sus concesiones, sin llegar al entreguismo y haciendo valer el servicio histórico que su padre ha hecho a España y a la democracia. Por mucho que Pedro y Pablo cerquen a la Corona, los límites están en la Constitución que nadie se puede saltar.
