NI LA DIMENSIÓN global de la muerte de Isabel II ni la subida histórica de tipos para combatir la inflación dejan una certeza universal como la que dejó el debate del Senado: en España resultan imposibles la reconciliación y la concordia. Y mucho más mientras Pedro Sánchez gobierne desde la radicalidad de sus socios de extrema izquierda, que le marcan y le obligan a una gobernanza veleta y en ocasiones temeraria. A Núñez Feijóo le espera un calvario de esclavitud y padecimiento en su camino hacia La Moncloa, porque como dijo Sánchez "vamos a por todas". Y eso se nota por ejemplo en el órdago para controlar la Justicia, objetivo prioritario en este momento del sanchismo podemita por encima incluso del control de la inflación y del paro. Sánchez se juega su futuro y el futuro de sus leyes más extremas en la resolución de los recursos de constitucionalidad. Por eso se ha desatado, como vimos en el debate de la Cámara Alta que tan bajo cayó, una batalla de la que participa el propio presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes. En ese debate amañado en tiempos y formato a favor de Sánchez que al parecer ganó Feijóo, el presidente habló 2 horas y media por media hora el líder del PP. El jefe del Ejecutivo cargó duramente contra el jefe de la oposición sin reparar en agresividad, sin ahorrar (des)calificativos y sin someterse al rigor de la verdad, principio angular necesario de la honestidad democrática. Le acusó en su debate energético de no cumplir la Constitución en la renovación de los órganos judiciales quien ha tratado de asaltar la Justicia por todos los medios sin importarle la separación de poderes ni sus consecuencias para el bien común y el interés general. Lo hizo desde el comienzo de su mandato oKupando la Fiscalía del Estado y maniobrando para impedir al CGPJ hacer nombramientos con los que imponer un Poder Judicial a su gusto sin atender a las recomendaciones europeas a las que se agarra el PP para frenar el ansia del sanchismo, que por cierto ha dado sobradas muestras de colonización tentacular del poder en empresas estratégicas e instituciones. Lo hizo cuestionando desde el Gobierno sentencias como la del procés o los Ere, a las que responde con un derecho legítimo que moralmente representa un desacato: los indultos pasados y futuros. Lo hizo presionando al presidente del CGPJ y del Supremo poniendo la fecha del 13 de septiembre al ultimátum de renovación que los jueces han rechazado por ahora. Y lo hace depositando la responsabilidad de la renovación en Feijóo, que acaba de llegar, tras casi 5 años de Gobierno con continuos tropiezos y acoso al Poder Judicial. Como dijo Lesmes, sólo hay un culpable del "estropicio", aunque como buen magistrado reparte culpas al principal partido de la oposición simulando una justicia ciega que no lo es. A lo mejor si Carlos Lesmes cumple su amenaza de dimisión nos encontramos con un desbloqueo, porque ha tenido 4 años para dimitir y no lo ha hecho.
El debate del Senado evidencia un regreso al bipartidismo que se abre paso bajo la alternativa del Feijóo, si bien a Sánchez le interesa más mantener una alianza estratégica de minorías porque es la única que le ha permitido gobernar y le mantiene en el poder. Pedro Sánchez entiende el desempeño de la presidencia del Gobierno como una agencia de publicidad sin división de poderes. No parece importarle mucho la preservación de derechos y libertades, como demuestra la inconstitucionalidad del estado de alarma durante la pandemia. Ha decidido movilizar a un PSOE noqueado desde las elecciones andaluzas fabricando una campaña de victimismo que Feijóo desmonto en sus 15 minutos finales de debate de forma eficaz y brillante: no estamos ante una conspiración de empresas, jueces, medios y oposición para sacarlo de la Moncloa, sino ante "el otoño de un Gobierno que hace oposición a la oposición e insulta a sus votantes". Lo mismo asume propuestas del PP que hace pasar como suyas que deposita en la culpabilidad de Putin toda responsabilidad de Gobierno, cuando la inflación española rozaba el 8 por ciento antes de la invasión de Ucrania. Lo mismo se somete al chantaje de sus socios, incluido Podemos, que se pone a la cabeza de la manifestación podemita. Lo mismo aparenta constitucionalismo que permite los ataques a la Corona y el incumplimiento de la Carta Magna de sus socios prioritarios. Lo mismo va al aniversario de Miguel Ángel Blanco que acerca a los sanguinarios Txapote y Parot a las cárceles de Euskadi para que el PNV administre sus futuras medidas de libertad penitenciaria. Sencillamente, Sánchez es un artista del camuflaje y la incoherencia, de decir una cosa y la contraria sin ponerse colorado, de adaptarse a las necesidades demoscópicas sin importarle lo más mínimo el bienestar general ni la templanza. Puede que eso le sostenga hasta 2023, pero las elecciones municipales y autonómicas de mayo clarificarán el panorama político y determinarán el calendario y la caducidad del sachismo podemita, que para unos es populismo comunismo bolivariano y para otros es progresía populista de izquierdas.
La cesta de la compra
Yolanda Díaz está en campaña como Pedro Sánchez, y hace la guerra electoral por su cuenta incluso en contra del propio Gobierno del que es vicepresidenta. Ahora anda enredando con topar los alimentos, algo que sus compañeros de Gabinete reconocen como ilegal. "Son las cosas de Yolandita", dicen off the récord algunos ministros que empiezan a estar hartos de que Díaz y Podemos jueguen a la contra. En la oposición consideran que «Yoli prêt à porter hace demasiada pasarela de modelitos y ocurrencias », aunque lo peor es que por razones populistas y electoralistas Sánchez le compra algunas para parecer más de izquierdas que la ministra gallega. Díaz se reúne con grandes superficies mientras impulsa movilizaciones sindicales contra los empresarios, lo que resulta cómico. Vendedores como Carrefour le hacen el juego y se anticipan con una cesta de la compra de productos baratos, como si esto fuera una subasta de pobreza con truco de márketing. Primero se crea la pobreza y después se combate con ayuda del dinero de las clases medias.
El poder judicial
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo ha tenido 4 años para dimitir y no lo ha hecho. Por eso su amenaza huele a acomodo en esos años que ha excedido su mandato y a justificación para plegarse a la intromisión del Gobierno en el control del Poder Judicial, incluido el Constitucional. En la apertura del año judicial, ante un Rey con cara de preocupación y temeroso, Lesmes hizo un alegato porque se han descubierto sus maniobras para ceder ante Sánchez sin que lo parezca. Pero lo cierto es que el objetivo de la izquierda es colocar a Conde Pumpido al frente del Constitucional como prevención ante leyes estrella del sanchismo que corren el riesgo de tropezar en el Alto Tribunal como ocurriera con el estado de alarma. El TC es el órgano encargado de pronunciarse también sobre asuntos que afectan al separatismo catalán, socio prioritario de Sánchez junto a Bildu, el PNV y Podemos. Enumerar todas las maniobras gubernamentales para influir en el Poder Judicial se hace largo. Baste tan solo con recordar la concesión de los indultos a los condenados golpistas en contra del pronunciamiento y parecer del Supremo que preside Lesmes.
