La malversación es la administración desleal del patrimonio público que el Código Penal tipifica como delito. Se trata de una conducta delictiva llevada a cabo por un funcionario público o una autoridad mediante la apropiación indebida, ya sea de dinero u objetos y propiedades pertenecientes al patrimonio público, que es como robar a los ciudadanos. Según el Supremo, además de sedición (para muchos la versión light de la rebelión), hubo malversación en 2017 por parte de determinados golpistas del separatismo ilegal. Y también hubo malversación en el caso de los Ere, lo que implica cárcel para el entonces presidente socialista andaluz, José Antonio Griñán.
Pues bien, Pedro Sánchez se abrió a la reforma del delito de malversación el día de la Constitución que sus socios deploran, consumando la jugada el viernes mediante intercambio de enmiendas para mantener los apoyos que le permiten seguir en la Moncloa. Y aunque no deja de ser política, hay algo que acompaña a la reducción concreta del delito de malversación. Hay una evidente malversación política de los límites del resultado de las urnas que con la suma impensable de separatistas, comunistas y herederos de Eta cambian por la puerta de atrás y sin consenso el delito de malversación con el que evitar la persecución legal del separatismo inconstitucional al tiempo que reforman el Código Penal para doblegar al CGPJ y garantizarse la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional.
Seguramente muchos ven la malversación de dinero y patrimonio públicos, para entendernos la corrupción, como un comportamiento de enorme gravedad que la ley se encarga de cuantificar con penas de cárcel e inhabilitación ahora rebajadas mediante la perífrasis de "enriquecimiento ilícito". Pero a juicio de muchos hay un delito punible de malversación sujeto a interpretación social, electoral y política cuando alguien que gana unas elecciones con un programa concreto no se ciñe a sus promesas y va más allá de lo razonable con reformas legislativas que constituyen un riesgo para el Estado y rédito político obtenido con favoritismo partidista desigualitario.
La malversación también se puede contemplar como un delito moral y ético por faltar a la palabra dada con negligencia manifiesta al obtener un beneficio político, es decir, apoyo parlamentario (votos) a cambio de indultos, supresión del delito de sedición, modificación del delito de malversación y otras cesiones al chantaje societario del poder que afecta al conjunto de los españoles menoscabando el bien común.
Resulta una verdad irrebatible que tanto PSOE como PP han pactado cesiones con los nacionalistas a cambio de apoyo parlamentario de investidura y legislatura. Pero hasta este preciso momento histórico del sanchismo, nadie había pactado explícitamente con separatistas golpistas, batasunos proetarras que no condenan el terrorismo y el comunismo populista que defendió al golpista peruano encarcelado o al peronismo condenado. Y lo que es más inquietante nadie había osado modificar el Código Penal derogando el delito de sedición y entregando la herramienta parlamentaria de la enmienda a ERC para adaptar la reforma de la malversación y del Poder Judicial a los intereses separatistas y socialistas.
Estamos en un momento decisivo de la presente Legislatura, metidos en una larga campaña electoral que puede durar un año si no hay adelanto de las generales. La malversación política alcanza a todos los partidos si generalizamos una visión crítica del concepto y significado del verbo malversar. Pero resulta evidente que unos ponen más límites que otros, y nadie hasta ahora había atravesado la raya roja que blinda la democracia de tentaciones así con tanto atrevimiento y tan poca versatilidad ‘fake’. El acomodo que la mentira encuentra en este tiempo político, acompañado de una cortina de humo que se extralimita con la separación de poderes, ha rebasado lo imaginable para rozar la malversación política.
Hay quien habla incluso de que esa malversación política del mandato comprometido ante las urnas roza la prevaricación injusta en el ejercicio de lo público como método permanente con el que liquidar el mal llamado régimen del 78 para llegar a un proceso constituyente con el que refundar un sistema a caballo entre lo federal y lo republicano. Esa consigna ideológica que cuestiona la Constitución y convierte la Monarquía parlamentaria en un objetivo de derribo político está socavando la fortaleza de la democracia española al poner en duda la concordia, la convivencia igualitaria y la propia estabilidad proporcionada por la Corona que nos permitió enterrar el franquismo. De ahí que sea conveniente hacer una reflexión profunda, más allá de casos concretos, sobre el significado amplio de la malversación política que muchos españoles pueden encontrar en el propio comportamiento del poder como depositario ejecutivo de la soberanía popular que sortea al Parlamento con trucos partidistas sin consenso y ajenos al interés general.
Expulsión fulminante
Joaquín Leguina ha sido expulsado del PSOE, al parecer por prestar apoyo a Isabel Díaz Ayuso en un acto electoral en 2021. El primer presidente socialista de la comunidad de Madrid, político moderado de izquierdas como pudieran ser Redondo Terreros o Ángel Gabilondo, conoció su expulsión en el día de la Constitución, una fecha nada recomendable para este tipo de noticias tan desagradables para un militante histórico del socialismo tradicional español. El expediente de expulsión argumenta que pidió el voto para Ayuso al decir que la candidata del PP "era la opción menos mala". Pero en realidad, el expolítico piensa que la retirada del carnet del PSOE es por sus críticas reiteradas a Pedro Sánchez. La Comisión de Ética y Garantías socialista ha tardado 18 meses en pronunciarse si bien pronto se supo que Nicolás Redondo Terreros no iba a ser expulsado al ser aceptadas sus alegaciones. En el caso de Leguina no ha sido así, seguramente porque distingue entre "partido socialista y partido sanchista". Leguina reconoció que no votó a Ayuso pese a lo cual ha sido depurado con efecto fulminante.
La España eliminada
El cesado Luis Enrique pasó del elogio al linchamiento como quien va del 7-0 contra Costa Rica al pírrico 0 a 0 de Marruecos y la eliminación por penaltis. España ha sido expulsada del mundial de Catar por merecimiento propio, es decir, por hacer un fútbol miedoso y conformista propio de un seleccionador con prejuicios que hizo una lista en la que faltaban nombres y sobraban otros. Pero España también ha sido eliminada del prestigio internacional no sólo futbolístico, sino que ha sido eliminada por un país vecino que nos está ganando el partido de la presión migratoria y la disputa sobre la soberanía del Sáhara. La España eliminada en Catar es la España doblegada en las vallas con Marruecos que cambió de postura de forma inaudita y sospechosa al renunciar a una posición diplomática histórica neutral sobre el Sáhara sin consultar al Parlamento que favorece a Marruecos y perjudica al Frente Polisario. El lector comprenderá que este giro comparativo es una licencia figurada con la que curar la frustración de la eliminación de España en el Mundial de fútbol.
