Opinión

Poder judicial y sedición

Foto congelada de la realidad de España de aquí a 2023. Para formar opinión hay que ir más allá del Photoshop

El esperanzador acuerdo PSOE-PP para la renovación del CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional tropieza con el obstáculo de la revisión del delito de sedición y desmejora la grandeza del consenso político dialogado. Sin trampas ni cartón, el concepto de sedición no deja lugar a dudas porque determina con nitidez el "alzamiento público y tumultuario para impedir el cumplimiento de la Ley por la fuerza o fuera de las vías legales". Así se recoge en el Código Penal, que fija penas de prisión de 8 a 15 años si se trata de personas constituidas en autoridad como fue el caso del huido Puigdemont. Del resto de sublevados contra el orden constitucional, tenemos indultados a Junqueras, Romeva y Font, entre otros, tras ser condenados a 13, 12 y 10 años de cárcel por sedición y malversación. 

Para sortear la inhabilitación y poder optar a ser candidatos en futuras elecciones, y de paso que Puigdemont pueda regresar a España sin ingresar en chirona, el independentismo exige a Sánchez la reducción de las penas del delito de sedición a cambio del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que los organismos económicos internacionales y nacionales más solventes desautorizan. Y si bien la Moncloa niega esta realidad chantajista, los separatistas juegan con esa calculada negociación ambivalente del mismo modo que el nacionalismo y el separatismo vascos han hecho valer el "cuponazo" fiscal a la euskera, las selecciones de pelota y surf y el acercamiento de sanguinarios presos etarras a cárceles de Euskadi sobre las que tiene competencias el gobierno autonómico para lo que proceda. Todo ello después de que el propio Supremo aceptara la rebaja de rebelión a sedición, lo que acortó las penas del procés golpista, y en pleno incumplimiento de la sentencia que obliga al 25% del castellano en la enseñanza en Cataluña que los hombres de negro de Bruselas vendrán a vigilar. 

Ahora anda el relato inventando que la reducción de las penas por sedición se sustentaría en la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico al de otros países de la Unión Europea. Algo que es fácilmente rebatible si tenemos en cuenta que, en Alemania, Francia e Italia, la «alta traición» equivalente a la sedición se castiga con penas mayores que las de España. Incluso el Supremo, en su pronunciamiento contrario a los indultos, argumentó que en países comunitarios como precisamente Alemania se contempla la cadena perpetua a la que en España llamamos «prisión permanente revisable» en aras de lo políticamente correcto. 

En el trasfondo del artificio, además de la modificación previsible del delito de sedición, subyacen concesiones injustificables a cambio de unas Cuentas del Estado para 2023 que no resisten la realidad. Junto a su vocación electoralista extrema, la OCDE, el FMI, el Banco de España, el Círculo de Empresarios, el Instituto de Estudios Económicos, el BBVA, Funcas o la autoridad fiscal han desmentido la previsión de crecimiento del Gobierno que echa por tierra la ficción de unas cuentas dopadas para año electoral. 

La propia AIReF alerta de la entrada a finales de 2022 en recesión técnica por crecimiento cero que el Gobierno desacredita y niega con errática frialdad. Ese empeño en negar la evidencia a costa de la fiscalidad impositiva a las clases medias desde la retórica de la paguita del Estado tras la recaudación fiscal del asalariado y la concesión de prebendas a los socios del insomnio para fidelizar voto y garantizarse la permanencia en el poder está destrozando la credibilidad gubernamental según reflejan las encuestas. A eso hay que añadir la mala gestión de los fondos europeos que no llegan a partes estratégicas de la economía española y ponen en pie de guerra a sectores como el del automóvil. 

Por no llegar tampoco llegan los fondos Next Generation a la ciudadanía media, que brama en la calle contra el sanchismo por mucho que algunos se empeñen en mostrar sonriente a Sánchez entre militantes sorianos o traten de reconstruir su imagen internacional con un viaje a África ausentándose del debate de presupuestos. 

Del mismo modo, es revelador el negacionismo que el sanchismo hace de la obra del centroderecha en el 40 aniversario de la victoria electoral de Felipe González. Para empezar Sánchez habla de 40 años de democracia desde 1982, como si la Transición, el rey Juan Carlos, la UCD, Adolfo Suárez o Calvo Sotelo no hubieran existido. Después, el sanchismo intentó apropiarse del aniversario del felipismo, que son como la noche y el día, como las tinieblas frente a la luz. 

Y finalmente Alfonso Guerra tuvo que alzar la voz para que fuera invitado a los fastos de celebración en Andalucía para conmemorar la victoria de Felipe que, junto a Guerra, normalizó la alternancia de un PSOE con principios y valores más allá de errores como la corrupción y los GAL. Por todo lo descrito, 2023 será un año apasionante pero difícilmente previsible por las trampas y engaños que esconden la economía, la política y la realidad. 2023 será el año de la verdad, el año del todo o nada de Sánchez. Y los barones socialistas, Feijóo y el pueblo soberano lo saben.

Reprobación de Iglesias

Pablo Iglesias ha sido reprobado de nuevo en Madrid, esta vez sin pasar por las urnas. Con el PSOE y Más Madrid en contra, el Ayuntamiento madrileño le reprueba por sus palabras ofensivas contra la Policía Municipal de la capital. Iglesias dijo que "con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. Isa me traería la cabellera de todos ellos y Pablo Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde". Inicialmente, las mociones de reprobación incluían la declaración de Iglesias como "persona non grata", lo cual fue retirado por falta de competencias municipales. Cabe recordar aquí que Isa Serra fue condenada a 19 meses de cárcel por atentado a la autoridad en un desahucio. La justicia suspendió la ejecución de la condena a cambio de que Serra no vuelva a delinquir en un plazo de tres años. Por eso ha causado especial rechazo la arenga de Pablo Iglesias, ahora convertido en predicador mediático y nuevamente reprobado en Madrid.

La ley trans

La ministra Irene Montero está que trina con su socio de gobierno, el PSOE, por la cuarta ampliación socialista en el plazo de enmiendas. La fractura no sólo es entre socialistas y podemitas, sino que ha causado un enorme choque de posiciones dentro del Partido Socialista. La exvicepresidenta Carmen Calvo pone freno a la ley trans de autodeterminación del sexo, porque esto no es una decisión territorial ajena al obligado ámbito personal, humano y familiar. Al final estamos ante una pelea en el gallinero del feminismo radical que no tiene en cuenta que el 65% de la sociedad pide limitar el cambio de género en los menores de edad que contempla la llamada ley trans promovida por el ministerio de igualdad de Irene Montero. En el PSOE se ha dado de baja Carla Antonelli, activista histórica LGTBI, que carga contra Calvo. Pero lo cierto es que el PSOE no lo veía claro, al menos hasta la votación contra las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. Pura política, puro postureo como la reforma del delito de sedición, porque ambos planes saldrán adelante.

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