El verdadero tsunami democrático contra la amnistía es el que arrasa las calles de España en defensa de la democracia, la Constitución y la igualdad entre españoles. Negar el terremoto social que está causando en nuestro país la ola gigante de protestas contra Sánchez y sus pactos solo obedece a la peor de las tentaciones de la política, que es el autoritarismo impositivo. Sánchez puede mirar para otro lado mientras reincide en el relato de la extrema derecha, de que ha ganado las elecciones que perdió o de transformar la mayoría pacífica que protesta en radicalidad ultra de una minoría como caparazón de autodefensa de la fechoría. Pero proceder a una investidura con tales cesiones sobre la mesa es la prueba evidente de una compraventa de votos que nada tiene que ver con el sistema democrático, el Estado de derecho y la separación de poderes amenazados con el alcance temerario de los pactos, incluida la ‘lawfare’ de blindaje preventivo.
Más allá de la amnistía y su inconstitucionalidad, más allá del plante de colectivos vitales de Estado como jueces, fiscales, funcionarios, inspectores de Hacienda, etc., más allá del tsunami democrático que recorre las calles de España y Europa y que preocupa a la UE, nos encontramos el verdadero coste ocultado tras el escándalo de este apaño de investidura. Me refiero a los más de 100.000 millones de euros que suma la negligencia de las cesiones a un chantaje sin precedentes en la democracia española, según cálculos fiables publicados. Ese pago económico de un pacto político que se extralimita en lo razonable consagrando la prevalencia del poder Ejecutivo y una mayoría legislativa no real sobre el judicial es lo que pone en alerta a la democracia española por encima de ideologías y aritméticas parlamentarias. La condonación de 15.000 millones de euros de deuda catalana, la cesión del cien por cien de los impuestos a Cataluña y de la Seguridad Social a Euskadi, la entrega de las cercanías que hasta protestan los sindicatos ferroviarios, etc., es dinero público que saldrá de los bolsillos de los españoles y redunda en la desigualdad de ciudadanos de primera y de segunda por el capricho autocrático del poder.
España afronta uno de los desafíos más graves desde la Transición, solo comparable a las intentonas golpistas del 23-F y 2017. Y la sociedad está diciendo en la calle mayoritariamente que eso no es admisible y que dichas condiciones deben ser sometidas al criterio de las urnas. Quienes argumentan que las urnas acaban de hablar están perpetrando un engaño más, pues el alcance de los pactos, amnistía incluida, no se contemplaba en los programas electorales de quienes lo están pactando previa ocultación de la medida. El propio Sánchez negaba la mayor, una vez más mintiendo y humillando ya no solo a la mitad de la población, sino humillando a los jueces y a la mayoría de los estamentos del sistema que han salido en tromba contra la amnistía y la llamada ‘lawfare’ contemplada en el pacto PSOE-Junts. El perverso argumento de investigar desde el Parlamento la judicialización de la política consagra la impunidad de la clase dirigente sobre el resto de la sociedad.
