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Alarma en el Tribunal Supremo

En una declaración sin precedentes, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha lanzado su voz de alarma. Advirtiendo de las "graves" consecuencias que puede entrañar el mantenimiento de la falta de renovación del CGPJ, por la imposibilidad de nombrar cargos judiciales y cubrir las vacantes que se producen en ese órgano judicial. El actual Consejo lleva casi 3 años desde que caducó su mandato en 2018 en funciones. Desde entonces, el PP se ha negado a negociar la renovación, entre otras cosas, por la presencia de candidatos a vocal apoyados por Podemos, y más recientemente, por su propuesta de modificar el sistema de elección que ya fue rechazada por mayoría del Parlamento. 

La prohibición de nombramientos de magistrados para cubrir vacantes, que se deriva de una reforma legal motivada por el bloqueo del PP en la renovación, puede llevar al colapso de algunos órganos del Supremo. Y la Sala de Gobierno del Tribunal ha querido elevar su voz por una vez, para avisar de las consecuencias del actual bloqueo, que afecta especialmente a la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo. 

La preocupación del Supremo —con 5 salas y 80 magistrado— fue creciendo conforme pasaban los meses. Se van sucediendo jubilaciones y fallecimientos, situación que ya causó 12 vacantes —tres en lo contencioso, una en lo civil, tres en lo social y dos en lo militar—, además de las que pueden llegar en los próximos meses, lo que supone riesgo de ralentizar el trabajo o una sobrecarga de asuntos. En un comunicado, explica el peligro de mantener la sala de lo social con vacantes ante la avalancha de pleitos que llegarán relacionados con la crisis económica de la pandemia. "Se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia) resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose". 

"El clima de cinismo e hipocresía del PP, se escenificó en el Congreso cuando planteó una propuesta de la Ley Orgánica del Poder Judicial para "despolitizar" la justicia y entregar el control del Poder Judicial a los jueces. Todo quedó en titulares y en la habitual manipulación. Dudo que la mayoría de los magistrados sea consciente de que esa propuesta de PP, Vox y Cs lo que pretende es una situación en la que solo podrán aspirar a hacer carrera los que se plieguen a las asociaciones mayoritarias, los demás quedarán excluidos" (E. Beni, en Diario.es 22-9). 

Da la impresión, de que la alarma del Supremo fue el detonante para que el pasado miércoles Casado ofreciera un pacto para renovar las instituciones pendientes. El Gobierno aceptó la propuesta y en menos de 24 horas llegaron a un acuerdo para el Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, dejando fuera el CGPJ, aunque parece que seguirán las conversaciones sobre el tema, pero como dice el refrán, "piensa mal y acertarás". Fin de la cita.

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