EN CONTRA de lo que acordó, el Tribunal Supremo, en una reunión más que polémica, el pasado día 5, el Consejo de Ministros del jueves 8, aprobó una modificación del Impuesto sobre Sociedades, para que las entidades financieras, no puedan deducirse, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. En su reunión, el Ejecutivo, dio luz verde, al Real Decreto Ley, que obliga a los bancos a asumir el pago del impuesto sobre AJD, en lugar de hacerlo los clientes, como venía sucediendo hasta ahora.
El mencionado decreto ley, según el acuerdo del Consejo de Ministros, modifica el artículo 29 de la ley del Impuesto sobre Actos Jurídicos, que establece que cuando se trate de un préstamo con garantía hipotecaria, se considera objeto pasivo al prestamista, además, el mencionado decreto, modifica asimismo, el artículo 15 de la Ley de Sociedades, para dejar claro que el gasto no será deducible por el prestamista. Desde el Ejecutivo, han justificado la urgencia de los cambios, por la confusión generada, después de que el Tribunal Supremo, dictaminara, que son los ciudadanos quienes tenían que abonar el impuesto, cuando previamente en una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, se había dicho lo contrario, resolución judicial que ha sido criticada, desde la propia judicatura, hasta el punto, que Jueces para la Democracia, ha pedido la dimisión del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Mª Díez-Picazo y del presidente del Supremo Carlos Lesmes a los que califican culpables del bochornoso espectáculo ofrecido por lo sucedido antes, durante y después de la reunión del Alto Tribunal, que se resolvió, mediante una votación, que se decidió por el escaso margen de 15-13, lo que pone de manifiesto la división existente entre los magistrados presentes.
La chapuza por la actuación del TS, en el caso de las hipotecas, no ha pasado inadvertida, pudo provocar un temporal económico, porque sembró inseguridad jurídica en la sociedad, estableciendo un precedente peligroso, con el recurso contra sus propias decisiones, lo cual debería llevar consigo medidas disciplinarias, del propio Tribunal Supremo o del Consejo General del Poder Judicial, en otra institución, los responsables de la tormenta desatada responderían con sus cabezas Asimismo se han escuchado calificativos como: "tiro en el pie", "suprema vergüenza", "patético es poco", "menudo escándalo" e «"ndignación".
El gobierno reaccionó con valentía y de inmediato. Con buen criterio, intentó neutralizar la polémica decisión, y el pasado sábado, el BOE ya publicaba el acuerdo del Consejo de Ministros, por el que el entrará en vigor la nueva ley sobre el impuesto de las hipotecas, a partir de este lunes. ¡Pero ojo! Que la banca no se quedará quieta. Buscará alguna salida para no salir perdiendo en este contencioso, por lo que los nuevos contratos hipotecarios que se puedan firmar habrá que analizarlos con lupa, y no estaría de más que el ejecutivo velara por el escrupuloso cumplimiento de la norma. Fin de la cita.
