Aunque con cierto retraso le tocó el turno al tercer y último capítulo de la gestión del expresidente. La más grave que sufrimos los gallegos en nuestra piel. La sanidad es un bien público al que tenemos derecho según la Constitución, y la verdad es, que de un tiempo a esta parte la atención deja mucho que desear. Y no me refiero a los profesionales porque son lo mejor que tenemos, sino a la falta de personal, que propicia largas listas de espera para consultas diarias o especialistas. Desde que se externalizaron algunos servicios la diferencia con el pasado es abismal, las empresas no están para perder dinero y lo pagamos los ciudadanos.
Fue durante lo más crudo de la pandemia cuando Feijóo decidió lucir con más intensidad lo que lo asociaba a la sanidad: la presidencia del Insalud entre 1996 y 2000, a la que llegó de la mano de su mentor político Romay Beccaría durante la primera legislatura de Aznar. Institución que se disolvió en 2002 al culminarse el traspaso de la sanidad a las autonomías.
El caso es, que su paso por este organismo le sirvió para otorgarse cierta autoridad en la materia. En abril de 2020 llegó a decir que "el sistema sanitario gallego estaba entre los mejores de Europa respecto de la pandemia". Pero asociaciones médicas, de pacientes o sindicales discreparon. Sus años de gobierno degradaron la sanidad pública gallega. A la vista está lo que sucede un día cualquiera en la actualidad.
Uno lee en un periódico, en este caso Diario de Pontevedra, que en Portonovo o en A Parda y en otros muchos lugares no hay médico, lo que propicia que las urgencias de Montecelo se colapsen diariamente siendo un problema para el personal sanitario (insuficiente) como para los pacientes. La Atención Primaria es una de las principales víctimas de sus políticas. "Al borde del colapso desde hace muchos años". El Gobierno gallego insiste en imputar la responsabilidad una vez más, al Ejecutivo central, al que acusan de no eliminar la tasa de reposición en la financiación pública –impuesta por Montoro–, o de no ampliar las plazas MIR . Las competencias en la materia son exclusiva de las autonomías.
En más de una década mantuvo congelado el número de facultativos no añadiendo ninguno y durante la pandemia, redujo su número en los centros de salud contra la opinión de los colegios oficiales. Algunas de las manifestaciones más concurridas fueron en contra de la política sanitaria del expresidente gallego. Cientos de personas protestaron en Vigo en varias ocasiones. Donde 140.000 habitantes son derivados a un hospital de gestión privada, presupuestado por el bipartito en 500 millones y que costó 1.400 que hay que pagar hasta 2035.
Dejó una deuda de más de 11.000 millones de euros, la sanidad pública vive uno de los momentos más convulsos y se multiplican las protestas por la falta de profesionales en toda la comunidad. Esta es la herencia envenenada que legó Feijóo a su sucesor Alfonso Rueda, el que apenas tiene margen de maniobra y vive uno de los peores momentos desde que Galicia tiene las competencias en sanidad. Fin de la cita.
