DESPUÉS DE 14 años que el Gobierno de Rodríguez Zapatero impulsara la primera ley de memoria histórica en nuestro país, el Consejo de Ministros del pasado día 17 dió luz verde al proyecto de ley que la deroga y profundiza en algunas cuestiones hasata ahora pendientes. La Ley de Memoria Democrática comienza ahora su andadura en las Cortes, donde le espera la férrea oposición de las derechas -el PP ya anunció que la llevará al Constitucional- y la insatisfacción de una parte de la izquierda y las asociaciones memoralistas, que coinciden en que se trata de un avance innegable, pero reclaman también una mayor ambición.
El texto, que puede incorporar cambios en su tramitación, apenas sufrió modificaciones, manteniendo las líneas maestras aprobadas en primera instancia por el Gobierno hace casi un año, impulsada entonces por la vicepresidenta Carmen Calvo y que ahora llega de la mano de su sustituto Félix Bolaños que también trabajó en ella durante este tiempo. Después de la reunión, el nuevo ministro compareció ente los medios explicando que: ”La norma supone una nueva hoja de ruta para corregir y reparar las violaciones de derechos humanos cometidos por el franquismo y busca paliar los vacíos en la materia que lleva años señalando Naciones Unidas. Es una ley necesaria que nos hace mejores como país. La anterior de 2007 necesitaba ser actualizada y todo pasa por colocar a las víctimas en el centro de la acción política. Poner en valor el papel de las mujeres, en la lucha por la democracia y la represión y dar importancia al movimiento memorialista. Una vez que se apruebe, conseguiremos que España tenga un régimen asimilable al resto de países de nuestro entorno que han sufrido dictaduras”.
En paralelo a la tramitación parlamentaria de la ley, el Gobierno aprobará un real decreto por el que se regulará el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determinará su organización, funcionamiento y régimen patrimonial, ya que entiende que los fines de la fundación que gestiona Cuelgamuros son incompatibles con los principios y valores constitucionales. De hecho, con la entrada en vigor de la nueva ley, la fundación dejará de percibir los 340 mil euros que recibe anualmente de Patrimonio Nacional. La Congregación Benedictina que gestiona el recinto, no tendrá competencia alguna a partir de ese momento sobre el conjunto, si bien su salida definitiva queda pendiente de una negociación entre el Gobierno y la Iglesia Católica, “previa a la aprobación del mencionado decreto pertinente para alcanzar los acuerdos”.
La deriva de Pablo Casado es evidente, evita cuestionar a quien niega que en 1936 los militares sublevados dieron un golpe de Estado, y se comprometió a que si llega a la Moncloa, “derogará todas las leyes de Memoria Histórica”, una decisión que ni siquiera se planteó en el Partido Popular en el pasado más reciente, cuando Mariano Rajoy gobernó con una mayoría absoluta. Fin de la cita.
